El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló este jueves limitar la autoridad de la gubernamental Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) para regular las emisiones de gases contaminantes emitidos por las centrales eléctricas.
En una sentencia redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, y apoyada por los otros cinco jueces conservadores, la mayor instancia judicial del país consideró que la ley de Aire Limpio no ofrece a la EPA amplia autoridad para regular las emisiones de plantas ya construidas.
El fallo no critica los límites a las emisiones de dióxido de carbono, que considera “una solución sensata a la crisis de nuestro tiempo” -citando una sentencia anterior-, pero niega que la Agencia de Protección Ambiental tenga la potestad de regularlos según la ley de Aire Limpio, que se redactó hace décadas.
El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, criticó la decisión del Supremo, equiparándola a la sentencia que eliminó la protección legal del aborto, y considerando que “causará más muertes innecesarias -en este caso por un aumento de la contaminación”, en un comunicado emitido minutos después de conocerse el fallo.
Por su parte, el líder republicano en la Cámara Alta, Mitch McConnell, celebró que la sentencia “devuelve el poder a la gente”, un argumento similar al utilizado para alabar la sentencia del aborto, que no prohíbe la interrupción médica del embarazo sino que da a los estados la potestad de regularla.
Los tres jueces progresistas del Supremo emitieron una opinión de disenso en la que critican que la corte “le quite a la EPA el poder que le dio el Congreso para responder al ‘mayor desafío medioambiental de nuestro tiempo’”, citando otra sentencia anterior.
“El Tribunal se da a sí mismo, en vez de al Congreso o a la agencia experta, la capacidad de tomar decisiones sobre política ambiental. No se me ocurren muchas cosas que den más miedo”, escribió la jueza Elena Kagan.
Para algunos medios estadounidenses el fallo es una muestra de la tendencia de la mayoría conservadora de este tribunal de limitar la autoridad de las agencias federales en favor de una mayor acción legislativa.
Una de las organizaciones medioambientales más antiguas de EE.UU., Sierra Club, criticó la decisión del Tribunal al mismo tiempo que pidió al presidente estadounidense, Joe Biden, que apruebe nuevas leyes para limitar la contaminación.
“Nuestro futuro depende de ello”, dijo en un comunicado Andrés Restrepo, abogado para el programa de leyes medioambientales de la organización.
La ambiciosa política climática de Biden quedó en entredicho hace seis meses, cuando un bloqueo en el Senado -que está dividido 50-50 entre demócratas y republicanos- impidió la aprobación del plan Build Back Better, que buscaba destinar miles de millones de dólares a la lucha contra la crisis climática.
Biden: ‘otra devastadora decisión’
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró este jueves que el fallo del Tribunal Supremo que limita el poder del Gobierno para regular la emisión de gases es “otra devastadora decisión” de esta institución que supone otro “paso atrás” para el país.
En un comunicado, Biden lamentó así el fallo conocido hoy por el que el Supremo limita la autoridad de la gubernamental Agencia de Protección Ambiental (EPA) para regular las emisiones de gases contaminantes emitidos por las centrales eléctricas.
Tras señalar que el fallo pone en riesgo la habilidad del país de mantener un aire limpio y luchar contra el cambio climático, Biden advirtió de que no piensa ceder en el uso de su autoridad legal para proteger la salud pública y afrontar la crisis climática.
Y anunció que ha ordenado a su equipo legal a trabajar con el Departamento de Justicia para revisar el fallo con cuidado y encontrar maneras de, bajo la legislación federal, seguir protegiendo a los ciudadanos ante la polución y el cambio climático.
“No podemos y no ignoraremos el daño que puede hacer a la salud la crisis climática”, dijo Biden, quien también prometió trabajar con los estados y las ciudades para aprobar regulaciones que protejan a los ciudadanos, así como presionar al Congreso para pedir que actúe al respecto.
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