Un proyecto de ley que propone una moratoria de cinco años sobre la construcción en las zonas costeras recibió un tibio apoyo esta mañana de expertos en el tema de la oceanografía y la erosión costera y el rechazo de las asociaciones deConstructoresy de Hogares, al igual que del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

El Proyecto del Senado 43, de la senadora independentista María de Lourdes Santiago, debe ser aprobado, pero cuenta con varios defectos, según coincidieron Ruperto Chaparro, Miguel Canals y Aurelio Mercado. Los expertos señalaron que la pieza legislativa no identifica con suficiente detalle el área costanera que se pretende proteger con la moratoria y cuestionaron que el proyecto indique que la moratoria sea por cinco años “o hasta que se apruebe un instrumento jurídico que integre esta y otras disposiciones sobre la zona costanera”.

Los tres participaron virtualmente en una vista pública de la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor, que preside la senadora popular Gretchen Hau.

La media pretende proteger el área impactada por la marea ciclónica “hasta donde sea la penetración que haga daño estructural…” El proyecto dispone que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) tendrá un año para delimitar la franja costera a utilizarse.

Mercado, oceanógrafo e investigador del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), sostuvo que, si bien hay reglamentos para evitar construcciones ilegales en las costas, los deslindes necesarios para delimitar la zona marítimo terrestre (ZMT) están mal hechos.

El deslinde es el plano de agrimensura que determina el límite entre los bienes patrimoniales y los bienes de dominio público. El documento no constituye un permiso.

“Hay que hacer algo ahora, porque lo que hagamos ahora tendrá repercusiones en 15 a 20 años…”, indicó Mercado. “Tengo ejemplos de problemas como deslindes por encargo, deslindes en que uno se lleva al otro”, agregó, al indicar que es necesario tomar lo que llamó una “pausa”, en alusión a la propuesta moratoria.

Mercado indicó que una moratoria de tres años sería más apropiada debido a que las agencias reguladoras necesitarían tiempo para modificar sus reglamentos en áreas como la realización de los deslindes.

“Sencillamente tenemos el agua hasta el cuello. Si el gobierno sigue dando permisos, la respuesta ha sido pedirle ayuda al gobierno federal, y lo que propone el gobierno federal es tirar piedras”, agregó.

Chaparro, director del programa Sea Grant, indicó que el término de cinco años es muy extenso.

“La industria de la construcción no lo va a avalar. Es un periodo tan largo. Considero que debe ser una moratoria más corta, quizás de un año, pero que se planifique”, indicó Chaparro. “En vez de salvaguardar la playa, estamos dando permisos para construir muy cerca de la costa y sabemos que el oleaje, con los huracanes, se va a llevar la arena”.

En el caso de Canals, director del Centro de Ciencias Oceánicas Aplicadas e Ingeniería del RUM, indicó que al finalizar la moratoria sugerida en el proyecto, que él entiende debe ser de un año, se tiene que preparar un nuevo proyecto de legislación costera.

De hecho, Santiago presentó una medida que denomina la nueva Ley de Costas de Puerto Rico.

“Aplaudo cualquier esfuerzo que venga con la intención de proteger nuestras costas”, indicó Canals, al advertir que típicamente la zona costanera se define como el terreno que se mide un kilómetro tierra adentro desde la costa. Sin embargo, el proyecto de ley alude a una zona de alta peligrosidad causada por la marea.

Santiago, entre otras cosas, defendió el periodo propuesto de cinco años al señalar que han pasado 15 años sin que se llegue a un consenso sobre el tema de la protección de la zona costera.

“¿(Proponer) Acortar el término de la moratoria está basada en la premisa de que al cabo de ese término más corto tendríamos una nueva ley de costas o para regresar al estado de derecho actual?”, le preguntó Santiago a Canals.

“Sería una nueva legislación. Seguir con el estatus quo es sostenible”, respondió el experto al advertir nuevamente que el lenguaje del proyecto no es claro en cuanto a la zona que se quiere proteger, por lo que la propuesta ley podría ser impugnada en los tribunales.

En el caso de Maritza Barreto, oceanógrafa geológica, geóloga y fundadora del Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico, describió el proyecto como un “curso de acción puntual” que provee a corto, moderado y largo plazo “una alternativa para promover la reducción de exposición y vulnerabilidad de la infraestructura, servicios y población que se ubica en la franja costera”.

Barreto sugirió que la moratoria puede ser de entre tres y cinco años e insistió que lo que persigue la medida va acorde con la Ley 33-2019, conocida como la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático.

“Hacer la moratoria y organizar la costa para evitar los riesgos no implica bloquear el desarrollo económico”, indicó Barreto. “Porque la costa es cambiante y es diversa es que necesitamos la moratoria y necesitamos un espacio temporal para que todos los sectores discutan por qué tenemos que ordenar el territorio”.

El DRD y el DDEC se oponen

En una ponencia, el secretario del DRD, Rafael Machargo, consignó su oposición al proyecto al sostener que tendría el efecto de interrumpir medidas de seguridad implementadas para proteger vida y seguridad e, igualmente detendría proyectos de recuperación, luego de los huracanes Irma y María, en municipios como Loíza, San Juan y Rincón.

Machargo repasó en su ponencia la jurisdicción del DRNA, que incluye el deslinde y la concesión, que significa la autorización para llevar a cabo una actividad o construcción en terrenos de dominio público. Indicó que la agencia aprobó en 1992 el Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos y la Zona Marítimo Terrestre.

En una ponencia del secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Gabriel Hernández Rodríguez, sostuvo que ya existe una amplia normativa dirigida a proteger la zona costanera y marítimo terrestre y que se ha delegado en las agencias la facultad de reglamentar las lotificaciones y construcciones en las mismas con el propósito de maximizar su aprovechamiento y protección.

Indicó que la Ley 161-2009, conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos, define el concepto de la variación y que otros, como zona costanera y zona marítimo terrestre, están definidos en el Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales del DRNA, por lo que incluir estas definiciones en una nueva legislación causaría confusión.

“Sugerimos que los esfuerzos se dirijan a la fiscalización de cumplimiento con la reglamentación existente en aras de fomentar la protección del recurso natural”, indicó Hernández Rodríguez.

La Asociación de Constructores de Hogares tampoco apoya la medida

Por su parte, la entidad privada, en una ponencia firmada por su presidente Alfredo Martínez Álvarez y el coordinador del Comité Ambiental/Recursos Naturales, Patricio Martínez Lorenzo, indicaron que la medida es confiscatoria e inconstitucional al no proveer mecanismos legales para la justa compensación de intereses privados que se verían afectados por la propuesta moratoria.

Incluso, señalaron que la propuesta es irrazonable, que expondría al gobierno a reclamaciones extrajudiciales, que la duración de la moratoria es excesiva y que obvia mecanismos en ley diseñados para atender controversias.

También afirmaron que el proyecto no consigna claramente los objetivos de política pública pues, por un lado, se persigue proteger la zona costanera pero, al mismo tiempo se prohíbe todo tipo de construcción, incluyendo reparaciones, rehabilitaciones y remodelaciones.

Martínez Álvarez y Martínez Lorenzo argumentaron que, por construcción nueva se tiene que entender, forzosamente, reparaciones a estructuras turísticas, viviendas, balnearios y paseos turísticos.

Según la Asociación, la medida no guarda relación con el tema que quiere atender y sostienen que la costa de Puerto Rico es diversa y que las herramientas a utilizarse para atender el problema de la erosión igualmente deben ser variadas.

“El PS 43, sin embargo, propone una sola herramienta: una moratoria en toda construcción en el área de mayor importancia económica en la isla: la zona costanera. Que se aplicará “sin tomar en cuenta la multiplicidad de factores particulares que caracterizan la zona costanera”.

La Junta de Planificación favorece el proyecto de ley

El presidente designado de la Junta de Planificación (JP), Manuel Hidalgo Rivera, describió el proyecto como un “paso afirmativo”, que va de la mano de acciones que está tomando la dependencia para la mitigación de riesgos.

“Concurrimos, en principio, con lo que propone la medida sobre la protección de un recurso natural tan particular e importante como lo es nuestra costa”, indicó Hidalgo Rivera al recomendar ciertas enmiendas, como que se deje claramente establecido que la moratoria será provisional y transitoria y que su vigencia no sea de más de un año, que se atienda cualquier lenguaje para evitar que toda la costa sea tratada de igual manera, que no se restrinjan actividades como reparaciones de infraestructura y que no se incluya un lenguaje que choque con otras de mitigación financiadas con fondos federales.

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