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Algunos gremios tienen posturas distintas sobre la reforma de permisos

Víctor Pares Otero

Los opositores a la reforma de permisos advertían que la propuesta de La Fortaleza “criminaliza” la oposición ambiental y creaba un sistema arbitrario que indirectamente promueve la corrupción y la ilegalidad.

Los favorecedores, entretanto, resaltaban que la medida simplificaba el sistema lo suficiente como para agilizar la emisión de permisos y ofrecer las garantías o certezas para que se impulse la inversión y, por ende, la economía de Puerto Rico.

Las líneas parecían trazadas según el lugar social o económico de quienes participaron ayer en la discusión del proyecto durante una audiencia de la Cámara de Representantes.

Víctor Parés Otero, presidente de la Comisión cameral de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía, anticipaba que la propuesta reforma de permisos del gobernador Ricardo Rosselló sufriría muchas enmiendas antes de que sea aprobada por los dos cuerpos legislativos.

“Hay un consenso de que la permisología de Puerto Rico es tediosa, difícil y no promueve el desarrollo económico. Aun así, este proyecto va a sufrir muchas enmiendas”, dijo.

Los primeros en deponer fueron los gremios u organizaciones de constructores, arquitectos y comerciantes. De todas las organizaciones, las únicas que no endosaron completamente la medida fueron el Centro Unido de Detallistas (CUD) y el grupo Empresarios por Puerto Rico.

El presidente del CUD, Nelson Ramírez Rivera, objetó que el proyecto eliminara la exigencia de un Estudio de Impacto Económico Regional en aquellos comercios con espacio de venta o almacén mayores a los 65,000 pies cuadrados.

Ramírez Rivera explicó que estos estudios sirven para evaluar el impacto que tienen las operaciones de las cadenas de tiendas sobre las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan la gran mayoría de los empleos en Puerto Rico.

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