Grupos ambientalistas exigieron al gobernador Ricardo Rosselló que vete el proyecto de ley que establecería una nueva política pública en torno al caño Tiburones y un procedimiento para el monitoreo y descarga de sus aguas, por entender que “criminaliza el humedal” y hay “otros intereses” envueltos.
La medida quedó aprobada el jueves en la Legislatura cuando Cámara de Representantes concurrió con las enmiendas que el Senado le incorporó, por lo que el gobernador puede firmarla en cualquier momento.
El Proyecto de la Cámara 929 plantea que, desde 1998, cuando la Autoridad de Tierras y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) suscribieron un acuerdo para la protección del caño Tiburones, ha habido un “manejo incorrecto” de sus aguas. En consecuencia, algunos terrenos han perdido “toda capacidad” de servir como hábitat, mientras que otros –“de alto valor agrícola en la periferia de la reserva”– están anegados o inundados.
La pieza legislativa dispone que el DRNA será responsable de identificar los terrenos periferales, pertenecientes al Departamento de Agricultura y los municipios de Arecibo y Barceloneta, para coordinar la conservación y preservación del caño Tiburones.
Asimismo, ordena al DRNA realizar –en 180 días– un estudio hidrológico e hidráulico para determinar el “nivel óptimo” de las aguas, para que se provean las “mejores condiciones ecológicas” sin menoscabar las “actividades cónsonas”, como la agricultura. Basado en ese estudio, el DRNA fijará una “regla operacional” para la Estación de Bombas de El Vigía y dará mantenimiento a los canales de drenaje, entre otras cosas.
Nuevos límites
Para la portavoz de la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña, Inc. (SOPI), Ela Cruz, el proyecto de ley interfiere con la demanda que esa y otras organizaciones radicaron contra el DRNA, la Autoridad de Tierras y la Junta de Planificación para que el caño Tiburones se reconozca en su totalidad como reserva natural. Los grupos entienden que el gobierno ha incumplido con la Ley 314-1998, que fija la política pública sobre los humedales, porque apenas 3,805 de las 7,000 cuerdas que componen el caño Tiburones están designadas como reserva natural.
Como parte del proceso legal, el Tribunal determinó que la delimitación del caño Tiburones es incorrecta, y pidió a las partes que se presenten en sala este 19 de diciembre con un acuerdo sobre los nuevos límites.
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