Promesas de vivir en el paraíso, con el mar de fondo y privacidad absoluta. Así algunos corredores de bienes raíces redactan sus anuncios para vender terrenos de alto valor ecológico, utilizando lenguaje grandioso que oculta las especificaciones que debe cumplir el comprador una vez adquiere la propiedad.
Este uso de lenguaje era evidente en el anuncio de la venta por $1,300,000 de un terreno de 25 acres en la playa Las Picúas, en Río Grande, publicado en la página web de The Corcoran Group por el corredor Enjolie Hernández.
“La playa allí es tranquila y hermosa, ideal para deportes acuáticos como tablas de remo, kayaks, pesca, ‘kitesurf’ y más. Disfruta de mucha privacidad”, detalla el anuncio de venta que posteriormente fue retirado y del que este diario tiene copia.
Más allá de hacer mención de que el área, rodeada de 1,000 acres de manglares, es clasificada bajo la zonificación de Bosques, Preservación de Recursos y Conservación de Recursos, y está “protegida del desarrollo comercial”, no especifica las limitaciones para construcciones de viviendas que podrían erigirse ahí, como delimitaciones de la zona marítimo terrestre, precauciones de especies sensitivas, si alguna, y la importancia de mantener los mangles intactos.
“Muchas veces en los anuncios de compañías de bienes raíces no se presenta de manera clara lo que son las restricciones que existen sobre la parcela que se está vendiendo y eso lleva a que el comprador puede estar comprando algo sin el conocimiento pleno de las restricciones que tiene la parcela. Sin embargo, todo comprador tiene que hacer su diligencia y tiene que informarse antes de entrar en una transacción”, analizó Pedro Cardona Roig, planificador y arquitecto urbanista.
“Definitivamente, el corredor de bienes raíces es responsable de informar a ese prospecto comprador sobre los alcances y/o limitaciones de ese terreno, ya sea alguna situación legal o problemas de colindancia, zonificación. Tiene que informar sobre los usos permitidos en ese terreno. Definitivamente”, recalcó Orlando Vázquez, corredor por 18 años, instructor certificado y director de escuelas de bienes raíces.
Sucesivamente, anuncios similares en la página web mantienen el mismo estilo, poniendo a la disposición de inversionistas adinerados áreas ricas en valor ecológico sin especificar sus limitaciones de uso.
“Es alarmante. Yo creo que aquí se está jugando, utilizando unos epítetos; están haciendo un juego de palabras. Están expresando como un contexto y unas posibilidades que existen en otros sitios, pero no en este lugar específico que están en venta”, reaccionó Cardona Roig.
En el caso de Naguabo, varias parcelas ubicadas en la costa sureste del barrio Daguao estaban puestas en venta por Hernández a un precio de $1,600,000, a pesar de ser clasificadas como suelos rústicos especialmente protegidos ecológicos (SREP-E), según el Plan de Uso de Terrenos (PUT) de la Junta de Planificación (JP) que está acorde al Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107).
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