Desde antes y, sobre todo, después del embate del huracán María en Puerto Rico, científicos expertos en estudiar los efectos del cambio climático han recopilado un enorme cúmulo de datos sobre las manifestaciones que este problema global tiene en la isla. La evidencia científica que sostiene sus recomendaciones de cómo adaptarnos y mitigar riesgos aumenta, al igual que la urgencia de adoptarlas ante la celeridad de los cambios ya evidentes.
Este jueves, un grupo significativo de estos profesionales agrupados en el Consejo de Cambio Climático ha adelantado contenidos del Informe sobre el Estado del Clima de Puerto Rico 2022 con la aspiración de concienciar sobre la rotunda evidencia que confirma que el cambio climático debería ser tema de discusión prioritaria entre los puertorriqueños.
Sus propios estudios confirman que más del 80% de la población reconoce qué es el cambio climático y sabe cómo muchas de nuestras actividades cotidianas contribuyen a acelerarlo. El problema, sin embargo, es la falta de entendimiento al respecto de la clase política con funciones de gobierno en las ramas ejecutiva y legislativa, que insiste en tomar decisiones aún por encima de informes del personal experto dentro de las agencias.
Asimismo, se ha planteado la necesidad de que otros sectores, incluyendo el financiero y el económico en general valoren la costo-efectividad de utilizar esa información para optimizar la inversión de los fondos federales asignados para recuperar de los desastres pasados.
Vimos, por ejemplo, cómo la integración del saber y las metodologías científicas favorecieron el manejo salubrista de la pandemia del COVID-19. Mientras, desde que asumió el cargo, el presidente Joe Biden ordenó a todas las agencias evaluar los riesgos del cambio climático y definir cómo insertar el asunto en sus prioridades internacionales. Responsable de manejar fondos federales, las agencias locales deberían moverse en esa dirección. Sobre todo, porque el impacto actual y proyectado sobre jurisdicciones isleñas como Puerto Rico revisten interés para el gobierno federal ante el costo que ha representado remediar devastaciones como las que dejaron los huracanes Irma y María en 2017.
Precisamente, las asignaciones multimillonarias de las que el gobierno de Puerto Rico apenas ha desembolsado una parte han sido destinadas a construir mejor. Y para eso están a la mano las recomendaciones científicas.
Este periodo en que se encuentra Puerto Rico constituye un punto de inflexión en que convergen el comienzo de la salida de la quiebra, así como el desafío económico y social, además del ambiental, que representa para el mundo la dependencia de petróleo en el contexto del conflicto incitado por Rusia. Deben sumarse como ventajas de la isla, el empoderamiento de muchas comunidades que vieron con los desastres de 2017 cómo su sobrevivencia depende principalmente de su preparación y recursos. Junto a ellas el sector sin fines de lucro adelanta soluciones, mientras componentes del sector privado trabajan asimismo para apoyarlas con visión innovadora y sentido de sustentabilidad.
Durante el encuentro de más de más de 300 científicos, estudiosos y profesionales relacionados con el tema climático, destacó la preocupación de que mientras el gobierno parece avanzar a adoptar medidas para enfrentar el problema, como es la implementación de las leyes de política energética y la de adaptación y mitigación al cambio climático, por otro lado, sigue operando basado en mapas, normas, leyes y reglamentos amparados en datos obsoletos, que mantienen en movimiento la desigualdad y, con ella, la vulnerabilidad, que le restan protecciones a los recursos naturales.
Las más recientes proyecciones de científicos del gobierno federal incluyen que el nivel del mar aumentará hasta un pie en la zona costera de Estados Unidos en solo 30 años. Los datos científicos anticipan también que en nuestra región mermará la actividad de lluvia, lo que representará nuevos desafíos de salud, seguridad alimentaria y abastos de agua, entre otros.
Cada día que pasa sin actuar pone más presión sobre el estado de vulnerabilidad de Puerto Rico, agudizado con los golpes ciclónicos de 2017. Además, limita la capacidad de los ecosistemas y de la gente de adaptarse con la rapidez con que avanza el cambio climático.
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