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“Cada comunidad debe evaluar el sistema que más le conviene”

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD

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El tema de la tenencia de tierras en Puerto Rico ha vuelto a la discusión pública tras el huracán María. Es por esto que la conferencia internacional “Recuperación, titularidad y desplazamientos: Reflexiones desde la gestión comunitaria” tuvo, entre otros objetivos, provocar a las comunidades un sentido de necesidad de acceso a la tenencia de tierras y explorar opciones que se ajusten a su realidad.

En la actividad, realizada el pasado jueves 2 de mayo, en el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR), participaron 16 representantes de organismos y espacios de encuentros de diferentes países, líderes comunitarios que buscan adelantar una agenda incluyente en torno al derecho a la vivienda, a la ciudad y a la tierra. Cabe destacar que el evento se realizó como parte de la Jornada de Intercambio Internacional sobre Gestión Comunitaria y Tenencia de la Tierra.

Lucy Cruz Rivera, presidenta del G-8, dio una cordial bienvenida a todos los presentes luego de repasar su experiencia en el proceso de conformación del grupo, compuesto por las 8 comunidades aledañas al Caño.

Así, dio paso formalmente al compartir de experiencias de líderes de comunidades en Sur África, E.E. U.U., Vietnam, Antigua y Barbuda, Argentina, Bangladesh, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Indonesia, Jamaica, Líbano, México y Puerto Rico.

El primer punto que se trajo a discusión fue el derecho de superficie. La presidenta de la Junta de Fiduciarios del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña Sara Delgado Brayfield explicó que el derecho de superficie es la figura jurídica existente que permite que los residentes tengan título inscrito público y real sobre sus estructuras, mientras que el suelo se conserva como un patrimonio íntegro e independiente de sus superficiarios (habitantes).

Esta criticó que la titularidad se siga viendo como un asunto de regularizar documentos y no como un instrumento para lograr que una comunidad alcance sus metas para el futuro.

“A cada comunidad le toca evaluar cuál es el sistema que más le conviene. No solo se trata de un asunto legal, sino de planificación y organización de base”, abundó.

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