Desde el 2016, Brunilda Negrón y sus vecinos del barrio Beatriz, en Cidra, han vivido con las ventanas cerradas. Y, cuando van a recibir visitas en su hogar, no pueden hacerlo en sus terrazas. En el área tampco se escucha a los niños jugando afuera.
Este aislamiento involuntario tiene una explicación: el fuerte hedor que emite el vertedero de la empresa Waste Collection Corp. que, pese a la orden de cese y desista emitida por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en febrero, continúa sus operaciones de depósito de desperdicios sólidos en el vertedero que ubica en el kilómetro 49.2, de la carretera PR-1, y colinda con comunidades de los municipios de Cayey y Caguas.
La presencia del vertedero en el barrio no se limita a solamente arropar a las comunidades de la peste abrumadora, sino también ha sido tierra fértil para el criadero de roedores, moscas y mosquitos.
“Nosotros hemos estado en esta lucha desde el 2016. Los olores, los vectores, los lixiviados que caen al agua de la quebrada Beatriz, la contaminación del aire: todas esas cosas, y muchas más, afectan a nuestras comunidades. A ellos los respaldan, pero, ¿quién nos respalda a nosotros, los que hemos estado sufriendo desde el 2016? Es tiempo de que nos ayuden a nosotros”, narró Negrón a Primera Hora, secretaria de Líderes de las comunidades Barrio Beatriz de Cidra, Cayey y Caguas- colectivo que se creó específicamente para denunciar y declarar el área como estorbo público.
Del mismo modo, Negrón aseguró que el vertedero ha agravado condiciones de salud de los residentes, por lo que muchos sufren de asma y alergias desde que la empresa comenzó operaciones. En su caso personal, no descarta que su diagnóstico de cáncer, del cual ha sobrevivido, fue provocado por la contaminación del área.
“Yo soy sobreviviente de cáncer y el cáncer me sucedió en el 2017. No (me sorprendería) mucho que hubiese sido el aire, la contaminación de esas áreas”, adujo.
En el documento de cese y desista que emitió el DRNA el 4 de febrero, la empresa fue señalada con 15 irregularidades, nueve de las cuales son violaciones a la Ley sobre Política Pública Ambiental e incurrieron en una multa propuesta de $30,500. Estas violaciones fueron descubiertas durante tres visitas de personal del DRNA, cuando Waste Collection Corp. solicitó una renovación de permiso.
En la primera inspección que se llevó a cabo en octubre, personal del área de Control de Contaminación de Terrenos del DRNA encontró 15 irregularidades, incluyendo que operaban una estación de trasbordo sin plan de operación vigente, ni plan de emergencia vigente, sin los registros del manejo de los lixiviados, sin evidencia de fumigación de la instalación y sin el registro de adiestramientos a los empleados; no poseían registros de entrada y salida de los camiones ni registro de visitantes; no cubrían en su totalidad de los neumáticos que tienen almacenados en el área del estacionamiento; los desperdicios que llegaban a la instalación no eran recogidos diariamente y colocados en el vagón de transferencia para ser llevados a su disposición final; no mantenían un control de vectores en la instalación (en especial en el área de tiro); y la estación de trasbordo no contaba con personal adiestrado para reconocer y excluir desperdicios sólidos peligrosos o no peligrosos de manejo especial ni tenían un protocolo para el manejo de estos tipos de desperdicios sólidos, entre otras deficiencias.
La empresa fue notificada mediante carta y fue otorgada 15, 30 y 60 días para corregir las deficiencias, dependiendo en la complejidad. No obstante, el personal regresó dos veces y encontró que todavía no se habían atendido ninguno de los señalamientos. Y, en la tercera visita, encontraron que seis camiones no tenían permiso para operar servicios de recolección o transportación de desperdicios no peligrosos ni estaban incluidos en el permiso.
Por ende, el permiso fue denegado y, contrariamente, se ordenó la paralización de operaciones. Cualquier incumplimiento con las disposiciones, resultaría en multas de $25,000 diarios por cada infracción y, de continuar, multas de hasta $50,000 diarios por infracción. La empresa fue citada a una vista administrativa el 1 de abril para que muestre causa por la cual no debe ser penalizada.
“Al día de hoy, la instalación no tiene permiso de operación debido a que su solicitud de renovación de permiso fue sometida 40 días antes de que venciera el permiso y no 60 días como establece el Reglamento para el Manejo de los Desperdicios Sólidos No Peligrosos {en adelante, RMDSNP). La fecha de vencimiento del permiso fue el 7 de junio de 2021 y desde esa fecha la parte querellada no tiene permiso para Operar”, reza el documento.
“El 8 de noviembre de 2021 se radicó por la parte querellada una solicitud de permiso de temporero, pero la misma no puede ser evaluada por el incumplimiento craso con los requerimientos de cumplimiento con los requisitos de permiso y reglamentos del DRNA”, lee.
A pesar de esta orden, Negrón aseguró que la compañía continúa depositando desperdicios en el área. Hoy mismo, mientras varias personas de la comunidad se manifestaron en las afueras del vertedero, entraron varios camiones con basura, vegetativo y paletas de madera.
“Ellos siguen trabajando y (a) nosotros nadie nos ayuda y estamos cansados ya. Pedimos que se declare un estorbo público y que sea cerrado definitivamente”, reiteró. “Queremos que se nos haga justicia, que las agencias del gobierno vengan. El señor (y secretario del DRNA, Rafael) Machargo nunca ha venido a visitarnos. Él siempre envía a sus empleados, empleados que no pueden decir nada. No pueden hacer nada con nosotros”, agregó.
“Esta compañía está localizada cerca de residencias que han estado aquí más de 50 años en terrenos no propios para este tipo de negocio de basura. En esa compañía, en esa localización donde ellos están, (es) una zona industrial, pero es industrial para otras cosas, no para un vertedero. Allí, ellos continúan operando. DRNA ha venido a hacerles visitas y les han dicho que no pueden estar operando, que no pueden estar usando los troces”, recalcó.
Primera Hora hizo el acercamiento a Waste Collection Corp. para reacción, pero no recibió respuesta a las múltiples llamadas realizadas por este diario.
Controversia pasada
Waste Collection Corp. fue eje de controversia a finales del 2021, ya que el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, se declaró culpable en el foro federal de recibir sobornos de $2,000 mensuales a cambio de favorecer a la empresa con la cual entabló un contrato a días del embate del huracán María en el 2017 para el alquiler de dos guaguas por $47,970.
A raíz de esto, la Administración de Servicios Generales (ASG) excluyó a esta corporación, al igual que Law Max y JR Asphalt, del Registro Único de Licitadores del Gobierno de Puerto Rico, por lo que ninguna de las tres empresas podrá hacer negocios ni contrataciones con las agencias y las corporaciones públicas del Gobierno central ni con municipios.
Óscar Santamaría, quien era presidente de Waste Collection Corp. e incorporador de Law Max- según el registro del Departamento de Estado-, se declaró culpable por delitos de corrupción en relación al caso de Delgado y el vicepresidente de JR Asphalt, Mario Villegas Vargas, también admitió culpabilidad de haberle pagado a Delgado sobre $105,000 en efecto y obsequiarle costosos relojes, valorados en $200,000.
“Nosotros, las comunidades de Beatriz Cidra, Cayey y Caguas, estamos cansados de que estas agencias gubernamentales les sigan dando oportunidades a esta compañía millonaria a costa del pueblo de Puerto Rico”, resaltó Negrón.
LEA LA NOTICIA COMPLETA EN PRIMERAHORA.COM