“Con cada inundación tenemos que luchar con las aguas residuales; se nos mete en las casas… Hay aguas de inodoros con residuos flotando, hay caimanes y tenemos preocupación por nuestros niños”.

Kimberli Arzón, de la comunidad Las Monjas en San Juan, fue una de las personas que protestó ayer frente a las oficinas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE en inglés).

A la manifestación se les unió Lucy Cruz, presidenta del Grupo de las Ocho Comunidades (G-8) aledañas al Caño, para denunciar el “discrimen” de la agencia federal que “negó” el dinero para trabajar con el dragado del cuerpo de agua “prolongando los problemas de salud pública e inundaciones con aguas usadas”.

La asignación federal de $2.500 millones para proyectos de control de inundaciones no llegó al Caño, luego que el dragado fuese clasificado como un proyecto de restauración ecológica.

La directora del proyecto para USACE, Brenda Calvente, dijo a El Nuevo Día que “los fondos del (paquete) suplementario estaban basados en el tipo de proyecto y específicamente para los que son proyectos para el manejo de riesgo de inundaciones, y el Caño Martín Peña está autorizado como un proyecto de restauración de ecosistemas, así que no cualificaba para recibir fondos del suplementario”.

Pero el líder comunitario Mario Núñez insistió en que “nosotros entendemos que también es un proyecto de control de inundaciones porque cada vez que hay un evento de lluvia en el Caño, las comunidades se inundan y la gente pierde todo”, expresión con la que coincidió Arzón.

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