La secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, confirmó ayer que se comunicó con el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo Maldonado, para pedir una “aclaración” a la orden de cese y desistimiento que emitió esa agencia el 16 de julio, para proteger el hábitat de las tortugas marinas ante el potencial impacto de la construcción en el condominio Sol y Playa, en la playa Los Almendros de Rincón.
“Esa notificación (del DRNA), según mis asesores, fue confusa porque tenía líneas contradictorias… Se tuvo que, de facto, someter una aclaración y yo llamé la atención del doctor Machargo porque se necesita que, en cada redacción que el gobierno emita, esté claro cuál es la intención”, contestó García Bardales a preguntas del presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Edgardo Feliciano.
La comisión cameral citó a vistas públicas esta semana para evaluar la concesión de permisos en Rincón, como parte de una investigación legislativa sobre “asuntos ambientales”.
García Bardales se refirió erróneamente a Machargo Maldonado como doctor, y dijo que la notificación del DRNA ocurrió el 16 de mayo, cuando fue en julio.
Machargo Maldonado también depuso ayer en la audiencia pública, y afirmó que la razón por la cual su agencia paralizó los trabajos de construcción -por primera vez, el 20 de mayo- fue porque se percataron que allí se estaba erigiendo una estructura en la faja de salvamento, que son los primeros 20 metros después de la zona marítimo-terrestre (ZMT).
“No se puede construir en esa faja de salvamento a menos que tenga el endoso del Departamento. La posición del Departamento es que no se debió haber autorizado un permiso en la faja de salvamento ni por exclusión categórica”, puntualizó Machargo Maldondo a preguntas del representante Jesús Manuel Ortiz.
Abordado sobre si existía escritura de cesión a favor de construir en esa zona, el abogado de profesión contestó: “No la he otorgado ni la he visto. Entiendo que OGPe (Oficina de Gerencia de Permisos) debió haber exigido esa cesión”.
El secretario auxiliar de la OGPe, Gabriel Hernández Rodríguez, había indicado durante su comparecencia el día antes que le correspondía al DRNA hacer esa solicitud o comentario.
“Eso (que dijo el secretario de OGPe) no es correcto. Eso está en el reglamento: se tiene que condicionar el permiso a la cesión de la franja”, refutó Machargo Maldonado.
Pese a que reconoció que había esa ilegalidad en la otorgación de los permisos, el secretario del DRNA defendió que haya levantado la paralización de los trabajos, pues aseguró que correspondía en realidad a la Junta de Planificación auditar el error en la otorgación de los permisos y hacer los trámites para su revocación.
Por su parte, la secretaria de la Gobernación -quien trabajó previamente en la industria de bienes raíces- indicó que La Fortaleza tuvo interés en el asunto después de que el 16 de mayo se hicieron unas denuncias a través de un vídeo en directo por las redes sociales. En ese momento, “se le pidió al secretario auxiliar de asuntos prioritarios, Robert Méndez, que revisara” la controversia, informó.
Además, identificó al asesor del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia en asuntos de permisología como Ildefonso Ortiz López, en quien se delegó revisar los trámites procesales ante la Oficina de Gerencia de Permisos. Ortiz López juzgó que todo se había hecho acorde a la ley y así se lo comunicó al secretario auxiliar de la OGPe en una reunión a la que lo convocó.
García Bardales confirmó también que Ortiz López y otra empleada de La Fortaleza -Yolanda Díaz- tienen cuentas de usuario en el portal de permisos, que “usan frecuentemente” para dar seguimiento a los trámites relacionados a la construcción y operación de negocios.
Además, aseguró que supo que un residente tenía un grado de consanguinidad con el gobernador “después que trasendió en los medios”.
Se refirió a Walter Pierluisi Isern, quien además de primo, fungió como jefe de operaciones de su campaña electoral a la gobernación en 2016 y 2020.
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