Los resultados de un estudio realizado por la Fundación Ángel Román Más cuestionan la crisis declarada por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientes (DRNA) en el Acuífero del Sur en 2014, así como la responsabilidad que se le ha atribuido al sector agrícola de la región en la emergencia.

El análisis sobre los abastos de agua subterránea en el sur concluyó, además, que los récords históricos no reflejan un patrón de reducción a largo plazo en los niveles de agua de los acuíferos. Tampoco muestran un deterioro en la calidad del recurso asociado con la intrusión de agua salobres provenientes del mar, aseguró el hidrólogo Ángel Román Más, a cargo del estudio encomendado por empresas de biotecnología agrícola, agricultores y el Departamento de Agricultura.

“Lo que nos percatamos es que hay un comportamiento cíclico tanto en los niveles como en la calidad de agua de los acuíferos y que ese comportamiento responde a períodos de sequía y lluvia, pero que a lo largo del tiempo no hay un patrón específico ni de reducción de la capacidad el acuífero ni de intrusión salina”, expresó Román Más.

En 2014, el DRNA declaró el Acuífero del Sur como “área crítica”, lo que significa que existe sobreexplotación del recurso agua o cuando la calidad del recurso se está deteriorando al punto que se requiera de un manejo especial para reducir o eliminar el daño.

La determinación de la agencia está protegida por su ley orgánica (Ley 13-1976). Bajo la orden de área crítica cayeron los acuíferos que ubican en los municipios de Ponce, Juana Díaz, Santa Isabel, Salinas, Guayama y Arroyo.

Las muestras de agua utilizadas en ese entonces para la declaración fueron tomadas por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) y reflejaron que los acuíferos presentaban contaminación con sólidos disueltos (intrusión salina) y nitratos, lo que comprometía la calidad del agua para uso agrícola y agua potable.

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