A casi cinco años de que entrara en vigor la ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en establecimientos comerciales, sectores ambientalistas y económicos reconocen que no hay certeza del efecto de este ordenamiento ni de la cantidad de plástico que dejó de llegar a los vertederos, cuerpos de agua y a las comunidades de la Isla. 

La Ley 247 que se firmó en diciembre de 2015 crearía un escenario de “promoción de bolsas reusables y reglamentación del uso de bolsas plásticas”, pero la ruta en esa dirección ha sido empinada, según varios entrevistados. Ante ese problema, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) proponen que se enmiende la ley. Sugieren retirarle el rol fiscalizador a DACO para que lo asuma una entidad de carácter ambiental y que se modifique la definición de “bolsas reusables”.

Tras reconocer que la ley no ha tenido el efecto esperado y que el rol fiscalizador es de DACO, Antonio Ríos, ayudante del secretario del DRNA y pasado director de la Administración de Desperdicios Sólidos (ADS), indicó que evalúan recomendaciones para proponer enmiendas y hacer ajustes en la definición para especificar el material de las bolsas que se consideran reusables. 

“El propósito que tenía la ley es muy bueno en términos de buscar reducir, pero ha presentado unas limitaciones y por eso se entiende que no ha funcionado bien. La idea de la ley era eliminar el uso de bolsas desechables y que nos llevara a utilizar bolsas reusables, pero sí nos permitía bolsas desechables de papel porque son más eco amigable”, sostuvo Ríos.

En distintos comercios se da el escenario de que los clientes compran las bolsas reusables, pero no la reutilizan. Esto, según Ríos, es un problema que podría mejorar con cambiar la definición sobre el tipo de material de la bolsa reusable. La propuesta, según comentó, no está escrita en piedra y está “bajo evaluación”, pero no ha llegado a La Fortaleza ni a oídos de los legisladores. 

“¿Se han hecho intervenciones en algún momento en comercios que estén en incumplimiento de la ley?”, preguntó EL VOCERO. “Como tal nosotros en el DRNA no entramos en la parte”, respondió, y dijo que los municipios pueden establecer ordenanzas y entrar en la parte de fiscalización.

Por su parte, el secretario del DACO, Edan Rivera, reconoció que la ley tiene unas lagunas desde su implementación. A su vez entiende que no debió recaer la facultad de fiscalización en su agencia, porque la ADS posee el peritaje en el tema ambiental.

Entre las lagunas identificadas mencionó la utilización de las bolsas plásticas para el recogido de basura en los hogares, así como las bolsas plásticas que llegan a la Isla de compras realizadas por internet, y no hay regulación en estos dos casos.

“Si daña el ambiente o no, es algo que no poseemos el conocimiento para determinarlo. En nuestro caso vigilamos por el bien de los consumidores”, afirmó Rivera.

Sin embargo, el funcionario aseguró que la agencia se mantiene fiscalizando el cumplimiento de la ley 247. Informó que la fiscalización recae en cada oficina regional del DACO, por lo que las estadísticas de querellas o multas no se llevan a nivel central. “Si se trata de operativos, esos datos se recopilan a nivel central. Pero acciones particulares se registran en sus respectivas áreas”, acotó.

El aspecto ambiental

David Sevilla, director de la entidad Basura Cero e integrante de la organización comunitaria Generación Circular, dijo que le toca a DACO fiscalizar, “pero no tienen el ‘man power’ para fiscalizar, y por eso muchas de estas cosas pasan por debajo del radar. Hay muy poca información y no tenemos datos realmente de cuál ha sido el efecto” de la ley.

“La realidad es que en Puerto Rico no se recicla y había que proveer para que se pusieran recipientes en muchos comercios para recuperar las bolsas plásticas gruesas, y eso pasó a medias y no ha habido fiscalización”, denunció Sevilla, y levantó su preocupación al señalar que una vez se desechan las bolsas que han seguido circulando se transforman en “microplástico” y contaminan cuerpos de agua, suelos y matan especies marinas, entre otros impactos. 

“No sabemos realmente cuánto consumo ha bajado versus cuánto plástico se sigue utilizando en las bolsas. La misma ley expresa que anualmente en Puerto Rico circulaban alrededor de 1,000 millones de bolsas plásticas y lo que deberíamos hacer es eliminar los plásticos”, abundó.

Al enumerar algunos de los efectos que puede provocar la alta generación de plástico, el director de Basura Cero señaló que la proyección internacional es que para 2050 podría haber más plásticos que peces en el mar y se hallarían microplásticos en los seres humanos. Agregó que a nivel local está la dificultad de que a los vertederos les queda poca vida útil.

Para organizaciones voluntarias que se dedican a la limpieza de costas, como Mi Playa Limpia, es bastante común encontrar bolsas plásticas en el mar y las costas, por lo que entienden que la ley no ha tenido el efecto esperado. 

Tan reciente como el martes de esta semana, Sandy Soto, portavoz de la entidad, informó que encontró diez bolsas plásticas “flotando” en un área de la playa Crash Boat en Aguadilla. 

“¿Para qué necesitamos más y nuevas leyes si las existentes no se hacen cumplir?”, cuestionó indignado. “Es común encontrar bolsas flotando, en la arena y en los alrededores de las playas. No he visto ningún cambio con esta ley, al contrario, las nuevas bolsas afectan más el ambiente porque son gruesas, no se degradan porque se convierten en microplásticos y se paga por ella afectando el bolsillo de la gente. 

Cuestionó que “nunca” ha visto información de que se multe o corrija a alguien que incumple con la ley. “Antes las personas cogían la bolsa del supermercado, la utilizaban en la casa para depositar la basura y terminaban en el vertedero. Ahora termina por ahí porque compran otra bolsa pequeña para el vertedero y las de plástico grueso también se quedan por ahí”, afirmó. 

Juan Rosario, un veterano ambientalista, opinó que la ley está mal concebida, particularmente porque “el problema de los residuos sólidos no va a resolverse poniéndole parchos a lo que existe”. 

“El sistema nuestro es uno basado en el desperdicio y en usar las cosas y botarlas desmedidamente. Entonces, cualquier iniciativa de reciclaje no va a funcionar”, señaló, y apuntó que “la gente no dejó de usar bolsas plásticas”.

La situación en los comercios

En un recorrido realizado por algunos establecimientos comerciales, principalmente supermercados y tiendas por departamentos, se pudo constatar la inexistencia de áreas donde se puedan reciclar las bolsas plásticas como lo estipula la ley. Acorde con la ley, los establecimientos comerciales venían obligados a coordinar con la ADS el establecimiento de un Programa de Reciclaje de bolsas plásticas desechables. El mismo podía insertarse en los planes de reciclaje que tienen los municipios.

Asimismo, los comercios eran responsables de colocar en un lugar visible y debidamente identificado, envases para la recuperación y reciclaje de bolsas plásticas. La ley provee para que DACO imponga sanciones de $500 al establecimiento comercial que no posea al menos un envase para la recuperación y reciclaje de las bolsas plásticas desechables.

Al cuestionársele sobre ello al titular del DACO, este indicó que el problema ha sido que los comercios reciclaban, pero los municipios no contaban con programas de reciclaje. “Se intentó en varias ocasiones enmendar la ley, pero nunca se cambió la normativa, por lo que los comercios vienen obligadas a seguir reciclando las bolsas plásticas”, apuntó Rivera, sin poder indicar la cantidad de multas que se hayan emitido por dicho incumplimiento.

Ante los cuestionamientos de ambientalistas, aseguró que sus inspectores salen a la calle todos los días a velar por el cumplimiento de todas sus leyes y reglamentos. “No tengo la información para decir que no estamos tomando acción al respecto. No toda infracción se divulga públicamente. En este caso, esos datos no se manejan a nivel central, sino que cada director regional los recopila”.

La prohibición en el uso de bolsas plásticas no aplica a los establecimientos de comida ni a las bolsas de productos o empaque. Aunque con el covid-19 se ha disparado el uso de recogido o entrega de alimentos, lo que supone un incremento significativo en el uso de las bolsas plásticas, el secretario dijo que es facultad del gobierno enmendar la ley para imponer algún cambio a dicha exención.

Iván Báez, presidente de la Asociación de Comercio al Detal, reconoció que por mucho tiempo los comercios establecieron los envases para reciclaje, pero los consumidores los utilizaban como zafacón. “Ahora hay muy pocas bolsas plásticas, por lo que sería académico mantener esos envases cuando la mayoría de las personas llevan sus bolsas reusables al hacer sus compras u optan por adquirir una en los comercios”, indicó Báez, y negó que la venta de las bolsas reusables sea rentable para los comercios.

Con ello coincidió el presidente del Centro Unido de Detallistas, Jesús Vázquez, al asegurar que la cantidad de bolsas que venden es bajo. “El imponer un costo a las bolsas es un disuasivo para que aprendamos a reciclar. Hay que educar al País para que recicle y reúse”, agregó.

En torno a la utilización de envases en los establecimientos para reciclar las bolsas, aseguró que los establecimientos están cumpliendo. Indicó que dichos envases están ubicados cerca de las cajas registradoras.

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