Menos de 24 horas después de que el gobernador Pedro Pierluisi dejara ver la posibilidad de cambios en los itinerarios para la aprobación de los primeros proyectos de generación de energía mediante fuentes renovables, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) anunció que dio su visto bueno para la construcción de 18 proyectos para el almacenamiento y distribución de energía fotovoltaica.

En total los proyectos manejarán una capacidad de hasta 844.8 megavatios (MW), se informó. Sin embargo, los proponentes, tipos de proyectos, su ubicación y demás detalles seguirán siendo confidenciales.

La cifra de generación preacordada se queda corta de la meta inicial establecida en el Plan Integrado de Recursos (PIR) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que establecía que en el primer tramo (tranche 1) se debían contratar proyectos para conseguir 1,000 MW de energía y 500 MW de almacenamiento en baterías.

El PIR, aprobado el 24 de agosto de 2020, provee para un total de seis tramos, cada uno con metas distintas de generación de energía que se deben completar para cumplir con la Ley 17-2019 de Política Pública Energética, que establece que para 2050 todo el País se suplirá de electricidad mediante fuentes renovables de energía.

Como se desprende de la resolución y orden aprobada por el NEPR, la AEE todavía trabaja para establecer tres proyectos adicionales para el almacenamiento de energía por medio de baterías. “Estos continuarán bajo evaluación toda vez que se ha requerido información adicional sobre los mismos”, indicó el organismo.

Según un comunicado de prensa, el presidente del ente regulador, Edison Avilés Deliz, dijo que la aprobación de los proyectos de energía fotovoltaica se fundamenta en que “son cónsonos con los planes estratégicos y la planificación integrada de recursos energéticos en Puerto Rico, así como el deber y compromiso que tiene este negociado de fiscalizar el cumplimiento con los mismos para beneficio de los consumidores, del medio ambiente y de cada residente de la Isla”.

Para Avilés Deliz, este lenguaje “confirma, una vez más, la confiabilidad de los procesos que lleva a cabo el negociado con miras a regular la capacidad, confiabilidad, seguridad, eficiencia y razonabilidad de los proyectos de energía mientras velamos por que cada iniciativa o propuesta provoque resultados medibles tanto en la capacidad de generación como en la distribución de energía, luego de reconocer su impacto en las tarifas y facturas relacionadas al servicio y sistema eléctrico de Puerto Rico”.

Reacciona el gobernador

A pesar del visto bueno del NEPR, ahora falta que la Junta de Control Fiscal (JCF) apruebe los preacuerdos, por lo cual el gobernador le hizo un llamado a que “respalde la decisión del Negociado de Energía”.

En febrero del año pasado la JCF rechazó 14 proyectos de energía renovable por entender que las tarifas de los proponentes eran muy altas y que no hubo un verdadero proceso competitivo.

“Como gobierno seguiremos trabajando en la transformación de nuestro sistema eléctrico en uno resiliente, confiable, limpio y asequible. La aprobación por parte del NEPR a estos proyectos son buenas noticias para Puerto Rico y nos acercan cada vez más a cumplir con nuestra meta de generar energía más limpia y estable. Espero que la junta (fiscal) pueda atender este asunto con la premura que corresponde una vez sean sometidos los proyectos prontamente, para que la AEE pueda de inmediato comenzar a encaminarlos”, sostuvo Pierluisi en comunicado de prensa.

Urgen expertos

Por su parte, el ingeniero Tomás Torres Placa, representante del interés público ante la Junta de Gobierno de la AEE, advirtió que ahora se requiere de personal experto en la corporación pública, tanto en la Junta de Gobierno como en la gerencia, que facilite estos procesos para acelerar la diversificación de fuentes de energía y evitar la dependencia que ahora tiene el País de petróleo, gas natural y demás combustibles fósiles para generar electricidad.

“En la Junta de Gobierno (de la AEE) actualmente existen dos vacantes. Estas se deben llenar con expertos que hayan tratado estos temas en otras jurisdicciones, como Hawái, California, entre otras, para facilitar la transformación de nuestro sistema eléctrico. De igual manera la gerencia ejecutiva (de la corporación pública) debe contar con expertos con experiencia en otras jurisdicciones que faciliten estos procesos. De esta manera aseguramos lograr las metas de transformación de nuestro sistema eléctrico”, indicó en declaraciones escritas.

Los proyectos de energía renovable han creado tensiones en los últimos meses entre la AEE y el NEPR. Ante la tardanza de la corporación pública en avanzar en la evaluación y contratación de proyectos, el NEPR le retiró la confianza por entender que no había podido “ejecutar adecuadamente el plan de adquisición” y que por ende estaba obligado a buscar la manera de “llenar ese vacío”.

Retrasado el proceso

Las solicitudes de propuestas para el tramo 1 debieron estar listas para diciembre de 2020. Para el tramo 2, el RFP (solicitud de propuestas) debió salir en junio de 2021, según el PIR. Para esa etapa la meta es contratar la producción de al menos 500 MW de energía solar y 250 MW de almacenamiento en baterías.

El 13 de septiembre pasado el NEPR contrató un coordinador independiente para agilizar el análisis de los proyectos de energía renovable. La empresa estadounidense Action Group fue escogida para esta labor y se le pagarán $780,000.

Posteriormente, la AEE envió una comunicación al NEPR indicando que no había delimitado las responsabilidades y acciones del coordinador independiente para trabajar los tramos que restan, y que ello era necesario para “así evitar un gasto duplicado al erario y los clientes”.

Al cierre de esta edición un pedido de comentarios al director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, no había sido respondido.

Sin embargo, esta mañana, Colón expresó: “Nos alegramos con esta decisión y trabajaremos estrechamente con el Negociado de Energía para adelantar el desarrollo de estos proyectos de fuentes renovables. Esta acción constituye un gran paso dirigido a cumplir con la política pública del gobierno de Puerto Rico y nos ayudará en la transformación de nuestro sistema eléctrico para beneficio del pueblo y del medio ambiente”.

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