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Defienden terrenos protegidos de reserva natural

El Comité de Ciudadanos Pro Cuevas de Aguas Buenas mantiene viva su lucha.

terrenos protegidos de reserva natural

El Comité de Ciudadanos Pro Cuevas de Aguas Buenas (CCPCAB) mantiene viva su lucha en contra de los intereses de desarrolladores a quienes, presuntamente, el Gobierno les ha permitido destruir terrenos protegidos.

Dicha organización comunitaria se dedica no solo a proteger las cuevas, sino toda la reserva natural por la que estas se extienden. La misma cuenta con unas 1,800 cuerdas de terreno, al sur de Aguas Buenas en colindancia con Cidra y Caguas. Allí hay otros recursos como ríos subterráneos, sumideros, animales en peligro de extinción y bosque.

“Es un área de carso en el centro de la Isla, la más al este de Puerto Rico y es una caliza de las más viejas de Puerto Rico”, acentuó Julio Rodríguez Planell representante de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico sobre la declarada Reserva Natural bajo la Ley 245 del año 2002.

“Tenemos tres desarrolladores que, continuamente, han tratado de dañar la reserva, no hacen caso a las leyes y no las respetan. Manuel Torres, quien sin permiso vendió terrenos y se detuvo luego que fue multado. Y, ahora, impactan la reserva Andrés Muñiz Colón (propietario de 13 cuerdas) y Ramírez & Compañía”, enumeró Edith Jiménez presidenta del CCPCAB.

Según aseguró Rodríguez, Ramírez & Compañía construyó para el año 2000 las fases I y II de la urbanización Estancias La Sierra en Caguas con un permiso “simple” del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que permitía la extracción, excavación y remoción de componentes de la corteza terrestre.

Las denuncias recibidas tras un incidente en el que unos tubos colocados por el desarrollador fueron arrastrados por la lluvia hasta la entrada de una de cuatro cuevas, levantaron bandera sobre las violaciones de ley en el proyecto y detuvo, momentáneamente, las ventas de la tercera sección que afectaría justo el corazón de la reserva.

Ramírez & Compañía fue demandado y tuvo que devolver dinero a varios compradores. “Enseguida nos movemos a las agencias de gobierno y a la Legislatura dando la alerta que hay un área de alto valor ecológico impactándose por un desarrollo. Eso implica que los procesos de análisis y planificación no fueron los adecuados”, destacó Rodríguez Planell quien pide que el DRNA haga presencia en el lugar para proteger la reserva.

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