A través de una iniciativa multisectorial e interagencial, el Programa del Estuario de la Bahía de San Juan ha identificado y corregido, desde 2018, decenas de “casos críticos” de descargas ilícitas a ríos, quebradas y canales que comprometían la calidad del agua en el ecosistema.

e les denomina “casos críticos” a las descargas sanitarias constantes y de miles de galones, que pueden representar una amenaza para el medio ambiente e, incluso, la salud humana.

Como parte de la iniciativa, se monitorean 200 estaciones en la cuenca hidrográfica del estuario. Hace tres años, el 75% de esas estaciones eran “casos críticos” o impactados, y “ahora solo tenemos un 11% en ese estado”, resaltó la directora ejecutiva del Estuario, Brenda Torres.

Hasta septiembre de 2020, los “casos críticos” corregidos excedían de 40. “Luego de esto, hemos seguido trabajando muchos más de manera efectiva. Ya tenemos un 70% de las estaciones que reflejan resultados buenos o moderados. Hemos mejorado bastante”, agregó.

Esa mejoría fue reconocida recientemente por la organización sin fines de lucro US Water Alliance, que le otorgó al Estuario el Premio Nacional del Agua (US Water Prize). Según Torres, la distinción se hace por liderar enfoques innovadores para la gestión del manejo de agua y asegurar un futuro sostenible en la región.

“El premio es un reconocimiento a la plataforma comprensiva de corrección de descargas ilegales. Resaltaron nuestro enfoque de no solo ir y detectar y lograr que los datos sean confiables y compartirlos, sino que vamos más allá, a través del task force, para corregir las descargas. Y todo lo hacemos con el apoyo de la comunidad, adiestrándolos para detectar las descargas, pero también para hacer las evaluaciones de calidad de agua. Todo este círculo permite que sea un esfuerzo robusto y sustentable, y esa es la distinción que se hace”, dijo Torres.

El task force que mencionó está integrado por el Estuario, la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) y los ocho municipios en la cuenca del estuario (San Juan, Carolina, Toa Baja, Bayamón, Guaynabo, Trujillo Alto, Cataño y Loíza). Dependiendo de la fuente de la descarga, se contacta a la dependencia correspondiente para su corrección. El grupo es coordinado por Jorge Bauzá, director científico del Estuario.

Precisamente, durante una visita –el pasado jueves– a varias quebradas en Cupey, San Juan, que se monitorean como parte de la iniciativa, Bauzá expresó: “Este premio es una invitación a que otras entidades repliquen el esfuerzo. Es, además, un incentivo, porque las cosas se están haciendo bien, y confirma que hay que darle prolongación. Es un esfuerzo que tiene que continuar”.

“Incide en la calidad de vida”

Para liderar la iniciativa, el Estuario reclutó al científico de suelo y agua de la Estación Experimental Agrícola del Recinto Universitario de Mayagüez de la UPR, Gustavo Martínez. Por los pasados años, Martínez y su equipo han inventariado descargas en la cuenca hidrográfica del estuario.

“Muchas de las descargas en contextos urbanos se generan fuera del ojo público. Son fisuras soterradas que se dan, principalmente, por el agotamiento de las líneas (tuberías). A través del proyecto y con los 200 puntos de muestreo, hemos podido identificar puntualmente dónde están las descargas y corregirlas. En la cuenca hidrográfica del estuario de la bahía de San Juan, nadie vive a menos de 300 metros de un cuerpo de agua. Por lo tanto, lo que pasa aquí, en las quebradas de Cupey, incide en la calidad de vida de todos”, afirmó Martínez.

Por otro lado, Torres mencionó que, al otorgar el premio, la US Water Alliance reconoció cuatro aspectos: las 200 estaciones de monitoreo; el equipo de expertos en química, ecología social e hidrología, entre otras disciplinas, que evalúa y toma decisiones en torno a los muestreos; el task force que ejecuta la corrección, y la capacitación comunitaria para la detección de descargas y el análisis de calidad de agua.

Sobre el aspecto comunitario, Torres dijo: “La meta es que las comunidades sean los ciudadanos científicos que sigan corriendo el programa, porque esto es una estrategia a largo plazo”.

Informó, de paso, que el Estuario recibió fondos para que, en los próximos cuatro años, continúe el monitoreo en las estaciones existentes y se añadan otras, específicamente en el área del río Grande de Loíza, que está más impactada por actividades agrícolas.

Torres indicó, por último, que la iniciativa de detección y corrección de descargas provee “datos confiables” que deben considerarse al delimitar –”de una manera responsable”– los usos que se le darán a los miles de millones de dólares (fondos federales de reconstrucción) que Puerto Rico recibirá tras los huracanes de 2017 y la pandemia de COVID-19. También, dijo, es información que los municipios pueden usar para los permisos de manejo de escorrentías pluviales.

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