Balance is crucial to decide on abandoned structures

El informe recién publicado por la organización estadounidense Instituto de Justicia destaca que, en la isla, los municipios tienen amplio marco de acción para disponer de propiedades. Corresponde, entonces, velar por el balance justo entre los intereses, mediante la articulación y puesta en vigor de una política pública coherente para el manejo de estructuras desatendidas.

La entidad defensora de las libertades civiles alertó, por ejemplo, sobre la Ley 83 de 2017. El estatuto acelera y simplifica el procedimiento de disposición forzosa de edificaciones declaradas estorbos públicos. La disposición aplica para cualquier propósito útil declarado por las autoridades municipales. Ello, a la luz del organismo, deja los derechos de propiedad sujetos a la voluntad de funcionarios electos.

No es un secreto que la proliferación de estructuras abandonadas es un problema serio que amenaza la salud y la seguridad públicas por toda la isla. Tampoco es raro que vecinos se quejen de edificaciones desatendidas en las que extraños cometen actos ilícitos, o que se convierten en criaderos de sabandijas.

Como la organización indica, los criterios para proceder con las expropiaciones deben estar estrictamente relacionados con la protección de la salud y la seguridad pública. Hay que rehabilitar o demoler edificaciones en desuso, siempre que medien los debidos procesos.

Las estructuras en abandono son también oportunidades de revitalización. En el proyecto de reconstruir nuestras ciudades y el país, la recuperación de espacios que suponen riesgos para familias y comunidades es ineludible.

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