La derogación compulsoria de la colegiación de 28 profesiones, propuesta que se analiza en una serie de proyectos radicados por el representante José Aponte Hernández, implicaría un costo adicional del Estado de $14 millones, según denunció esta mañana la presidenta del Colegio de Agrónomos, Aida Maldonado Quiñones.

Maldonado Quiñones, al deponer en una vista pública ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, aseguró que si el Departamento de Estado incurriera en los servicios que el colegio les brinda a sus casi 800 socios, le costaría a la agencia entre $450,000 y $500,000 anuales.

En la vista de hoy depuso representación de los agrónomos, del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) y del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas (AAPPR).

La medida legislativa busca los servicios de facilitar cursos de educación continua, fiscalizar la profesión y colaborar como peritos del gobierno son los que recaigan en las Juntas Examinadoras del Departamentode Estado.

De hecho, la presidenta del Colegio de Agrónomos explicó que tomando como base el costo incurrido por el Colegio de Agrónomos, sufragado por las cuotas, Maldonado Quiñones lo extrapoló a los demás colegios para llegar al cálculo de $14 millones.

“Un número bastante significativo considerando las prioridades trazadas por el Gobierno”, dijo.

El Departamento de Estado en una vista pasada consignó en una ponencia de dos páginas que favorece la eliminación de la colegiación compulsoria de profesiones como ingenieros, agrimensores, tecnólogos médicos, arquitectos y arquitectos paisajistas, pero advirtió que necesitaría una inyección considerable de capital para brindar los servicios que ahora dan los colegios sin un centavo de erogación de fondos públicos.

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