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El gobierno incumple su política pública de cambio climático

En 2019, el gobierno adoptó como política pública que al menos 25% de su flota de vehículos públicos no dependería de combustibles fósiles. Sin embargo, ha ignorado sus propios decretos pese a las denuncias del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (Ceacc).

Eliminar el uso de petróleo y carbón no solo cumpliría con la “Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico (Ley 33 de 2019), sino que es una de las acciones inmediatas que el gobierno puede tomar para reducir sus emisiones de gases de invernadero, conforme a las nuevas recomendaciones de un panel de expertos internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El doctor Pablo Méndez Lázaro, profesor del Departamento de Salud Ambiental del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), exclamó que “una de las cosas que establece la ley, que es bien fácil de cumplir, es no comprar vehículos de combustible fósil. Está dispuesto a partir de enero 2020 y lamentablemente tenemos una lista de 15 alcaldes y la misma Legislatura comprando el vehículo más grande que hay”.

El ingeniero y ecólogo Carl Soderberg, por su parte, explicó que el Ceacc ha sostenido reuniones con la Administración de Servicios Generales (ASG) para exhortar —aunque sin éxito— al cumplimiento de la Ley 33 para comprar vehículos basados en energía renovable.

“El comité se ha reunido con ASG, que es quien compra el vehículo a nivel central. Ellos, a petición nuestra, desarrollaron un reglamento y lo sacaron, pero siguen comprando vehículos (no ecoamigables)”, estableció Soderberg, quien fue director de la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA) en la región de Puerto Rico y el Caribe.

Un boletín de la ASG que data del 16 de noviembre de 2020 recalca la necesidad de contar con una flota completamente híbrida para el año fiscal 2027-2028, tal como dispone la Ley 33. No obstante, el documento aclara que las compras de ese tipo debían comenzar con la vigencia de ese estatuto.

“Para ello, las unidades de compra encargadas de adquirir vehículos para la flota pública, a partir de la aprobación de la Ley 33-2019, deberán adquirir aquellos vehículos que funcionen con métodos alternos a combustibles fósiles”, según el Boletín Informativo ASG 2021-01.

La agencia, en cambio, no parece cumplirlo.

“¿No lo están siguiendo entonces?”, preguntó este medio, a lo que Soderberg respondió: “Por lo que yo veo en la prensa, no”.

Durante el verano, salió a relucir que más funcionarios optan por vehículos de lujo, de gran tamaño y que requieren altas cantidades de gasolina para funcionar, como la Cadillac Escalade del alcalde de Cataño, Félix “Cano” Delgado, y la Chevrolet Suburban LT del presidente del Senado, José Luis Dalmau.

La historia se repitió el pasado cuatrienio con el entonces gobernador Ricardo Rosselló, quien firmó la Ley 33, que ordenó una Chevrolet Suburban blindada de 2018 que nunca llegó a Puerto Rico y cuyo trámite ahora es investigado por el Departamento de Justicia.

EL VOCERO solicitó una reacción de la ASG para conocer más sobre el referido reglamento y su cumplimiento, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición. La agencia, además, es la que suscribe acuerdos anuales con compañías proveedoras de combustible para la flota del gobierno.

Temperaturas mayores

Un informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), publicado a principios de agosto, concluyó que el Caribe experimentará el doble de días con aumento en temperaturas mayores a los 96 grados Fahrenheit, así como un incremento en los días secos, entre otros, según el doctor Rafael Méndez Tejeda.

Méndez Tejeda y los demás integrantes del Ceacc recomendaron al gobierno que transforme el sistema eléctrico a uno a base de energía renovable como la segunda medida inmediata y eficiente para reducir la emisión de gases de invernadero.

“Los mandatos de la ley brindan un poderoso punto de partida, pero solo con el apoyo del gobierno y las comunidades tendrán efecto”, expresó Roy Charles Carter, director del Rocky Mountain Institute.

También exhortaron a adaptarse al cambio climático, como conservar agua, mitigar inundaciones y diseñar un código de construcción resiliente.

A esto, Soderberg añadió que “le exhortamos al gobierno que inicie su proceso de adaptación. Le decimos ‘no construyas en la playa, no construyas en zona inundable, acaba de dragar los embalses, empieza ahora, no esperes a que le llegue la ola a doña Monín’”.

Refugios en peligro

Por su parte, la doctora Maritza Barreto mencionó que cinco de las 184 estructuras que se utilizan como refugios por el Departamento de la Vivienda en municipios costeros “podrían estar expuestas a riesgos de impacto meteorológico extremo, a partir de un huracán categoría 5 por su ubicación”.

Mientras, la meteoróloga Ada Monzón explicó que las condiciones atmosféricas han empeorado a consecuencia directa del cambio climático, por lo que “tenemos un 85% de la Isla bajo condiciones normales, pero tenemos un 15% de la Isla que está con deficiencia de lluvia y un 5% con sequía moderada y en eso llevamos meses”.

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