El oficial examinador del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Luis González Ortiz, opinó ayer, miércoles, que se debe desalojar a los manifestantes que protestan frente al condominio Sol y Playa, en la playa Los Almendros, en Rincón, pues percibe que la protesta carece “de razón de ser” y afecta la actividad de anidación de las tortugas marinas.

Con esta expresión como antesala, el contratista asignado a hacer de juez ante el DRNA se supone que atienda mañana la controversia sobre si se debe mantener o desestimar la orden de cese y desistimiento de la obra de construcción.

“Habiéndose ordenado la paralización de las obras de construcción en controversia, por parte de la Junta de Planificación, son innecesarias y contraproducentes para la protección de las tortugas marinas la continuación de las manifestaciones públicas en la ZMT, frente al condominio”, notificó en su resolución, que -hasta el momento de publicación- no no había sido firmada por el secretario ni estaba claro su alcance.

Los manifestantes llevan durante todo el verano protestando por la construcción que han denunciado como ilegal. Esa denuncia fue sustentada, en parte, por una auditoría de la Junta de Planificación (JP), que se divulgó ayer. La JP encontró que el proyecto incumplió con las condiciones y se valió de aseveraciones falsas para conseguir el permiso de construcción.

El oficial examinador se expresó así, a pesar de que reconoció que no había evidencia ante él en torno al potencial impacto que supuestamente las manifestaciones le han causado al hábitat de los careyes y tinglares.

González Ortiz entró al caso de Sol y Playa, luego de que la anterior oficial examinadora, María Virginia Ortega Ramírez, presentó un informe recomendando la paralización de la obra, que fue ignorado y archivado por el secretario del DRNA, Rafael Machargo Maldonado.

Además, pidió a las partes venir preparadas para discutir el recurso de desestimación de la orden de cese y desestimiento, que presentó el condominio como parte querellada.

Entra nuevo abogado

Machargo Maldonado también contrató a un abogado para que lo represente en este caso. La contratación por servicios profesionales del abogado Manuel Arroyo Ramos se dio tan reciente como el 28 de julio, ocho días antes de la vista administrativa pautada para mañana.

Arroyo Ramos también pidió, en una moción, que se prohíba el campamento de manifestantes en la playa Los Almendros. “Algunos manifestantes y público visitante han realizado lamentables incidentes y actividades en el área con causantes de efectos ecológicos adversos”, alega el contratista sin presentar evidencia como fotografías o declaraciones juradas.

El Nuevo Día reseñó que el abogado de carrera del DRNA, José Báez Martínez-Radío, pidió ser removido del caso, luego de las actuaciones de Machargo Maldonado. El secretario enmendó la orden de cese y desistimiento en este caso y pidió a sus subalternos permitir la construcción.

El director interino de la Oficina de Asuntos Legales, Hiram Zayas Rivera, también renunció a este caos.

Por su parte, los titulares del condominio Sol y Playa pidieron nuevamente desestimar la orden alegando que el DRNA carece de jurisdicción y que sería arbitrario y caprichoso interferir con sus intereses a la propiedad.

“El honorable secretario del DRNA fue claro al limitar su orden fuera del área de construcción. Este sabe que no tiene jurisdicción”, alegó la abogada Shirley Vokac.

Vokac trabajó junto a Machargo Maldonado cuando ambos tuvieron puestos directivos en el DRNA bajo la administración de Pedro Rosselló González. El secretario entonces era Daniel Pagán Rosa, a quien Machargo Maldonado trajo como su asesor. Pagán Rosa ha acumulado $136,000 en contratos con el DRNA desde junio de 2020, a través de su corporación Asesores Ambientales y Educativos, Inc.

Durante el tiempo en que Pagán Rosa dirigió la agencia, Vocak fungió como directora de la Oficina de Asuntos Legales del DRNA y Machargo Maldonado fue subsecretario.

En su moción, Vokac argumentó que el área donde desovó la tortuga marina no puede ser declarado un hábitat natural porque ese terreno ya está “urbanizado”. Mencionó, por tanto, que el Reglamento para regir las especies vulnerables y en peligro de extinción le es inaplicable.

Vokac también alegó -pero sin presentar evidencia a esos efectos- que los manifestantes destruyeron las labores de restauración realizadas en dos ocasiones para establecer el perímetro de protección de las tortugas marinas, especies en peligro de extinción le es inaplicable.

“Es indignante sentir que mueven la maquinaria (del Estado) contra los manifestantes. Pretenden quitarles legitimidad bajo el alegato de que están afectando (el hábitat de anidamiento de) las tortugas, pero en realidad lo que buscan es suprimir la manifestación”, dijo el abogado ambiental Pedro Saadé.

“Ahora, tenemos una cuestión de los derechos de expresión, que se suma al asunto de las especies (protegidas), el cambio climático y los terrenos públicos”, agregó.

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