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El progreso está vinculado a la vital cultura del agua

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible trazado por la Organización de las Naciones Unidas.

Casa del Agua lluvia

En la lista de prioridades para que Puerto Rico mitigue o se adapte a los efectos del cambio climático, asegurar sistemas de agua saludables es determinante para el progreso social y económico.

En la planificación de esa gestión, reforzar o construir nueva infraestructura es tan importante como inculcar entre los ciudadanos el uso responsable de ese bien común. Puerto Rico necesita que, tanto su gente como su gobierno, adopten la cultura del agua.

Organizaciones, comunidades y países han adaptado ya actitudes y estrategias integradas para usar de forma adecuada este recurso vital. En riesgo están la producción económica, los servicios de salud, el turismo, las operaciones cotidianas, el bienestar y la sobrevivencia misma de la población.

Las experiencias ciclónicas recientes demuestran que los desastres son evitables. Tomar a tiempo y con responsabilidad las acciones que protejan vidas, propiedad, servicios y actividades socioeconómicas es indispensable para una recuperación rápida.

Además de derribar el sistema eléctrico y de telecomunicaciones, la embestida ciclónica de hace seis meses causó daños a embalses como el de Guajataca, que puso vidas en riesgo. Desde antes, expertos advirtieron que las viejas estructuras y la sedimentación comprometen los abastos para suplir las múltiples necesidades de la población. Indican que antes de los huracanes de septiembre, el lago Dos Bocas había perdido 63% de su capacidad. El embalse de Carraízo, 44%. Estiman que esa capacidad puede ser menor.

Más allá de la temporada de huracanes, la isla enfrenta otras amenazas a sus abastos como sequías extremas, contaminación de los cuerpos de agua, salinización de los acuíferos por el alza en el nivel del mar y la ubicación de infraestructura crítica en zonas inundables. Todas esas amenazas suponen un alto costo que el país no puede darse el lujo de perpetuar. La sequía de 2015, por ejemplo, costó a los ciudadanos cerca de $1,000 millones, según estimados económicos.

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