El administrador de Vivienda Pública, William Rodríguez, reconoció este lunes que las restricciones que ha impuesto la gobernadora Wanda Vázquez Garced para prevenir los contagios del COVID-19 en la isla podrían retrasar la reubicación de los desplazados por los sismos que afectaron principalmente la región suroeste a principios de año.

Según el plan del gobierno, ese proceso debería culminar el 24 de marzo.

Hasta el momento y de acuerdo con números oficiales de la Administración de Vivienda Pública (AVP), 29 personas se mantienen refugiadas en los campamentos administrados por esa dependencia gubernamental. Mientras, en Ponce hay 10 y en Peñuelas hay otros 19.

En Sabana Grande había 13 personas refugiadas, pero el portavoz del Departamento de la Vivienda, Rafael Josué Vega, indicó que la instalación cerró, y las familias se establecieron en una de las alternativas que ofrece esa agencia o con familiares.

“Nos da nuevos retos. No hemos parado de trabajar en la reubicación, pero la meta que nos habíamos impuesto del 24 de marzo pudiera extenderse con posterioridad al decreto impuesto por la orden ejecutiva”, explicó Rodríguez a El Nuevo Día.

“La emergencia, claro que dificulta el proceso de reubicación, porque, si en las propiedades hay que hacer algún tipo de reparación, puede ser más lento. Pero, sin duda, esto es un reto adicional que se une a los retos que ya teníamos en la reubicación, pero seguimos optimistas en poder cerrar los refugios lo antes posible”, señaló.

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