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Es obligatorio atender el manejo deficiente de la basura

El persistente manejo deficiente de los desperdicios sólidos en Puerto Rico obliga a la formulación de una estrategia integral para la disposición de residuos, por parte del gobierno central y de los municipios donde ubican 28 vertederos, 13 de los cuales han recibido órdenes de cierre de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA).

En esta coyuntura, es un paso atinado que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) exija al Municipio de Toa Alta un plan preciso sobre las iniciativas para mitigar las deficiencias operacionales del relleno sanitario que opera en su jurisdicción.

El gobierno de Toa Alta y el operador contratado para el manejo del vertedero fueron demandados ante el Tribunal Federal al documentarse que en esa instalación existen serios riesgos ambientales y de salud pública. En el lugar se han detectado fallas de canalización que impiden el control adecuado de la contaminación con lixiviados, entre otras.

Es urgente tomar acción para cumplir con las regulaciones de protección ambiental en ese y los demás vertederos. Las iniciativas deben incluir inspecciones frecuentes del DRNA y las autoridades sanitarias federales.

La EPA procura, con los operadores, que se mejoren ciertos vertederos que están en la lista de cierre, con el fin de prolongar su uso. Sin embargo, es pertinente que se cumplan los proyectos que ampliarían las celdas de depósito. Es imperativo, además, que se tomen las medidas precisas para el control de lixiviados y la observación general de las regulaciones establecidas para evitar la contaminación de suelos y cuerpos de agua.

Es igualmente necesario no depositar material vegetativo en los rellenos sanitarios, ya que representa el 35% de los desechos en el país y limita la capacidad del vertedero. La opción es fomentar la producción de composta, que es de mucha utilidad en las siembras.

Para lograr avances en el manejo de los desperdicios sólidos también será clave impulsar de manera firme un programa de alcance estatal de reciclaje y reúso de materiales. Puerto Rico no debe permanecer en violación de las disposiciones federales que estipulan una tasa de reciclaje de 35%, pero que apenas alcanza un 12%. Avanzar en esa meta debe incluir educación para que los ciudadanos sepan cómo separar los metales, cartones, vidrios y otros objetos de los residuos orgánicos. Este es un primer paso clave en los procesos de reciclaje.

Ante la lentitud de respuestas afirmativas del DRNA y otras agencias con la misión de protección ambiental, es alentador que un número creciente de jóvenes asuma acciones conservacionistas desde organizaciones sin fines de lucro y otras impulsadas por el voluntarismo. Este genuino deseo de combatir la contaminación ambiental fomenta el mejoramiento de la calidad de vida en el país. Esta juventud lleva a cabo un firme activismo que debe ser respaldado por una política pública abarcadora para el manejo adecuado de los desperdicios sólidos, aspecto clave para alcanzar el desarrollo sostenible.

La clase política está emplazada por este reclamo ciudadano. Es imprescindible viabilizar las propuestas de reciclaje serias y responsables que, además de promover el reúso de materiales, creen empleos.

En tal sentido, un paso acertado para forjar un país más saludable, con tierras y cuerpos de agua libres de contaminantes, debe ser completar a corto plazo el Estudio de Caracterización de Residuos. Esta investigación serviría de brújula para afinar una política pública basada en las mejores estrategias para el manejo de los desperdicios sólidos en todo el país, incluyendo el control de plásticos y la disposición de neumáticos cuya acumulación desmedida es un agravante de alto riesgo.

Con una respuesta receptiva del gobierno y apoyo del sector privado, las comunidades y los integrantes de cada núcleo familiar, todos generadores de desperdicios sólidos, podremos forjar en nuestra isla un escudo reforzado contra daños ambientales que hoy amenazan seriamente el bienestar común.

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