Ante proyecciones de que las manifestaciones del cambio climático seguirán agravándose en Puerto Rico en un futuro no muy lejano, el gobierno puede y debe traducir la ciencia en políticas públicas que reduzcan la vulnerabilidad y aumenten la capacidad de respuesta frente a estas amenazas, es decir, que promuevan la resiliencia.

Igualmente, la ciencia puede y debe permear en los actuales esfuerzos de recuperación tras la devastación causada por los huracanes Irma y María, en 2017, para minimizar estragos en nuevas emergencias. En otras palabras, tienen que actualizarse las zonificaciones o usos permitidos en el suelo, los reglamentos y códigos de construcción, a fin de asegurar que la nueva infraestructura exceda las condiciones previas a los ciclones. Hacer lo contrario no solo perpetuaría los riesgos y fragilidades, sino que atentaría contra la obtención de fondos federales para sobrellevar futuros desastres.

Ese fue el mensaje que resonó ayer, jueves, en la XI Reunión Cumbre del Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico, donde investigadores, científicos, planificadores y representantes de entidades no gubernamentales coincidieron en que la isla está y seguirá expuesta a la subida del nivel del mar, huracanes más intensos, sequías extremas y modificaciones en los patrones de lluvias, entre otros efectos que urge incorporar a la planificación.

“Existen unas oportunidades tremendas con los fondos de recuperación (posdesastres), pero si mantenemos la zonificación, la reglamentación y los códigos en las condiciones pre-María, no estamos desarrollando ni más fuertes ni más resilientes ni más seguros”, afirmó el coordinador científico del Consejo, Ernesto Díaz, tras exhortar a las agencias concernidas a actualizar sus instrumentos.

Recordó que el Congreso federal asignó $78,300 millones para la recuperación poshuracanes, de los cuales $22,900 millones han sido distribuidos, hasta ahora, en obras de electricidad, acueductos y alcantarillados, entre otras áreas.

“La ciencia disponible se debe aplicar, pero si (los instrumentos de planificación vigentes) no lo requieren, vamos a tener las mismas condiciones (que en 2017). Contamos con los datos, pero están tomándose decisiones con herramientas obsoletas. Cumplir (con lo mínimo) para que aprueben un permiso es como pasar una clase con C o D”, sostuvo, tras insistir en que, al planificar, se consideren los escenarios extremos.

Díaz, quien por 25 años dirigió el Programa de Manejo de la Zona Costanera del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y se jubiló en octubre de 2020, reconoció que convertir la ciencia en políticas públicas “toma tiempo y puede ser frustrante, pero hay que hacerlo”.

“Planificar y diseñar apoyándonos en tendencias históricas aumenta la vulnerabilidad. Sabemos que el nivel del mar está aumentando y que hay proyecciones que exceden las normas tradicionales y guías que se usan para la construcción de infraestructura. La implementación de políticas públicas (basadas en ciencia) requiere voluntad, educación y financiación, y considerar que las estrategias de adaptación para las áreas construidas son diferentes respecto a las áreas no desarrolladas”, expuso.

“Estamos trabajando”

El Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico es una asociación voluntaria, nacida en 2009, que reúne a más de 120 peritos, incluyendo representantes de agencias. Entre sus funciones, está la elaboración del Estado del Clima de Puerto Rico, y el correspondiente al 2021 fue discutido ayer.

Es un grupo diferente al Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, que fue creado por la Ley 33 de 2019 y tiene la encomienda de redactar el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático en Puerto Rico. El secretario del DRNA, Rafael Machargo, preside el Comité.

A preguntas de El Nuevo Día sobre cómo el Comité incorporará al Plan la ciencia que promueve el Consejo, Machargo respondió: “Estamos trabajando para que (ambos entes) se integren, trabajen juntos y sean complementarios”.

“Hay miembros del Consejo que también son parte del Comité. Además, el Consejo ha sido auspiciado por el Programa de Manejo de la Zona Costanera del Departamento y, a través de este, se está apoyando a ambos”, dijo el secretario del DRNA, quien también depuso en la reunión cumbre, a la que asistieron unas 100 personas, mientras que otras 250 se conectaron por internet.

Se espera que, la próxima semana, el Comité detalle –en conferencia de prensa– la elaboración del Plan, que por ley debió estar listo el 31 de octubre. Los trabajos se han postergado, principalmente, por la lentitud en la contratación de servicios profesionales y consultivos especializados en áreas técnicas.

Alza sostenida

La reunión cumbre fue dedicada al oceanógrafo físico Aurelio Mercado, quien tuvo a su cargo la conferencia magistral sobre los retos y consecuencias del aumento del nivel del mar en la isla.

Mercado presentó datos históricos de los mareógrafos ubicados en La Puntilla (San Juan) e isla Magueyes, en La Parguera (Lajas), que apuntan a un alza sostenida, al menos, por los pasados 10 años. En La Puntilla, el incremento ha sido a razón de 2.06 milímetros por año y en La Parguera, 1.96 milímetros por año.

“Con estos datos, podemos decir que, en Puerto Rico, el mar está subiendo en el orden de 2 milímetros por año”, dijo, al señalar que el alza se manifiesta, sobre todo, en la erosión de las costas.

“Pero otro problema del que no se habla mucho, pero que está ocurriendo en Puerto Rico, es que el mar también sube por debajo de la tierra”, provocando inundaciones e intrusión salina en los acuíferos, entre otros males, añadió.

Mercado también hizo referencia al 2022 Sea Level Rise Technical Report, publicado el mes pasado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) y otras agencias federales, en el que se indica que, en el Caribe, el mar podría subir hasta 1.4 pies en 2050, siendo ese un escenario extremo. El escenario intermedio, según la NOAA, sería un incremento de poco más de 11 pulgadas.

En otra presentación, Patricia Chardón, directora técnica del Sistema Integrado de Observación Costera Oceánica para el Caribe (CariCOOS, en inglés), indicó que las metodologías de la NOAA apuntan a que, en 2100, la subida del nivel del mar en la isla fluctuaría entre 2 y 4 pies.

De acuerdo con la ingeniera civil y ambiental, en el contexto de los fondos federales de recuperación posdesastres, “es mejor planificar para un evento extremo y esperar que nunca ocurra”.

Chardón atribuyó el aumento en el nivel del mar, principalmente, al incremento en la temperatura, tanto atmosférica como oceánica. Citando datos de la organización Climate Central, expuso que nueve de los 10 años más calientes en la Tierra están entre 2010 y 2020.

Como nota positiva –aunque incidental–, Adam Terando, ecólogo investigador del Servicio Geológico de Estados Unidos, indicó que, en Puerto Rico, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) se han reducido en 40% “desde el pico”, en 2004.

La baja es “la más dramática” de todas las jurisdicciones estadounidenses. Terando admitió, sin embargo, que no responde a acciones promovidas por el gobierno, sino a la migración masiva y al cierre de industrias contaminantes. En menor escala, dijo, se explicaría por la integración de fuentes renovables para generar energía (que apenas llega al 3%) y a la introducción de vehículos eléctricos.

Por otro lado, Terando expuso que las temperaturas mínimas durante las noches, tanto en la costa como en la montaña, han aumentado, lo que también se atribuye al calentamiento atmosférico y oceánico, y pudiera acarrear impactos negativos para la biodiversidad.

El ecólogo indicó, también, que los pronósticos meteorológicos estipulan que la reducción de 15% en lluvia experimentada durante la sequía de mediados de la década de 1990 “pudiera convertirse en la norma a partir de 2050″.

En otras presentaciones, expertos plantearon que el calentamiento global seguirá acidificando los océanos, lo que provocará, a su vez, mortandad de arrecifes de coral, que son los protectores naturales de las costas; y que las sequías afectarán no solo las reservas de agua dulce, sino también a los organismos que habitan en ellas (reducción de hábitat, depredación, etc.). Asimismo, las altas temperaturas aumentarán el riesgo de fuegos forestales, que provocarían la pérdida de bosques.

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