La acción de la Junta de Planificación (JP) y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares de anular la designación de siete reservas naturales por presuntas fallas procesales ha levantado dudas en torno a las verdaderas razones para esta acción, y ha exacerbado la desconfianza hacia el gobierno entre algunos sectores.
Para abogados expertos en planificación y derecho ambiental, la acción de la JP y Rosselló no tiene precedente.
Además, abona a la suspicacia que levantó, hace algunos meses, un anuncio en la página de la Compañía Fomento Industrial, en el que se decía que “Puerto Rico is open for business” (abierto para negocios). En esa página, se anunciaba la venta de decenas de propiedades, incluyendo algunas áreas naturales como los cayos Icacos y Ratones.
Aunque luego el gobierno se retractó, el anuncio creó la idea de que cualquier cosa podía venderse o alquilarse en Puerto Rico, con tal de allegar dinero a las agobiadas arcas del país, dijo Pedro Saadé Llorens, abogado experto en derecho ambiental.
El pasado 3 de julio –por recomendación de la JP– el gobernador firmó dos órdenes ejecutivas para dejar sin efecto las delimitaciones de siete nuevas reservas naturales: Río Camuy, entre Hatillo y Camuy; Punta Cabuyones, en Ponce; Finca Nolla, en Camuy; Punta Petrona, en Santa Isabel; Punta Guillarte, en Arroyo; Playa Lucía, en Yabucoa; y Mar Chiquita, en Manatí.
Todas estas áreas tienen en común que ubican en zonas costeras. En total, cubren 7,420 cuerdas en tierra y 5,621 en áreas de mar, según la JP. También, fueron designadas como reservas naturales mediante órdenes ejecutivas, emitidas en diciembre de 2016 a finales de la administración de Alejandro García Padilla. La acción contribuyó a aumentar de 8% a 17% el espacio de terreno protegido en la isla.
Pero Rosselló anuló las designaciones, luego de que la JP señalara que el proceso se hizo a la prisa y de forma atropellada, sin procesos de audiencias públicas, propiciando conflictos en el terreno y utilizando documentos que no son el estado de derecho vigente.
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