Expertos en planificación, ambiente y cambio climático, expresaron su apoyo al proyecto de ley que crearía una Ley de Costas para Puerto Rico, durante una vista pública celebrada la semana pasada por la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado.
La Comisión evalúa el Proyecto del Senado 32 (PS32), presentado por la senadora María de Lourdes Santiago, que crearía la Ley de la Zona Costanera de Puerto Rico, actualizando la definición de la zona marítimo terrestre; estableciendo una política pública en cuanto a la protección, administración y manejo sabio de los bienes de dominio público; y garantizando a los ciudadanos el acceso a las costas de forma libre, pública y gratuita.
Durante la audiencia pública, el ex presidente de la Junta de Planificación (JP), Pedro Cardona Roig, y el ingeniero oceanógrafo, Miguel Canals Silander, apoyaron la iniciativa y urgieron a que la misma sea aprobada. Ambos sugirieron enmiendas para mejorar la pieza legislativa.
“Entiendo que tiene que haber la legislación, y proveerse los recursos. Esto es fundamental. No es correcto que lo que tenemos es suficiente porque ya lo vemos todos los días. Ese ejercicio de discreción, esa laxitud en la aplicabilidad del reglamento porque se entiende que el secretario (de Recursos Naturales) puede interpretar esto, y cuándo lo aplica y cuándo no, nos ha venido muy mal”, expresó Cardona Roig.
“La responsabilidad que tienen ustedes ante si es velar por el bienestar de todos los puertorriqueños, no de los grupos de interés que han vivido de esto o personas que no tienen la intención de hacer cumplir este tipo de norma. Yo sé, ustedes lo reconocen, por eso es que encaminan esta medida. Pero yo creo que es fundamental que el país les respalde para que esto se logre aprobar e implantar”, añadió.
Por su parte, la investigadora social y educadora en Cambio Climático, Vanessa Uriarte Centeno, defendió la aprobación de una Ley de Costas que se atempere a las realidades presentes y futuras.
“Primero que todo, es de extrema necesidad definir o redefinir qué constituye la zona marítimo terrestre… Buscar que se apruebe un proyecto que responda a las realidades climáticas sociales y culturales de las comunidades costeras del Puerto Rico que conocemos, es garantizar que nuestras islas continúen siendo habitables en el presente inmediato y el futuro venidero”, dijo Uriarte.
La directora ejecutiva de la organización Amigxs del M.A.R añadió que un desarrollo económico que se fundamenta en la destrucción de la naturaleza y aniquilamiento de la vida, como promueve el gobierno en la actualidad, no tiene cabida en el país.
Junto con el proyecto de Ley de Costa, se evaluó el PS 557, de la senadora Ada García Montes, para crear la “Ley de Playas Públicas de Puerto Rico”, definir qué constituye una playa en Puerto Rico y uniformar su carácter como bien de dominio público. Este proyecto también fue avalado por los expertos y grupos ambientales.
“Este es un momento histórico, porque ver estos proyectos es cada vez más urgente. Nuestras costas son la principal defensa para combatir el cambio climático. Para garantizar la supervivencia de los puertorriqueños hay que atender esto hoy”, recalcó el planificado Pedro Cardona Roig.
Por otra parte, el agrimensor Fredy L. Reyes Sorto de la Asociación de Agrimensores de Puerto Rico, propuso cambios a la definición actual de la zona marítimo terrestre.
“Luego del estudio del proyecto en consideración entendemos propio aclarar el lenguaje referente a lo que conocemos como “Zona Marítimo Terrestre” (ZMT), sabiendo que es parte esencial de nuestro entorno natural, además de tomar en cuenta nuestra responsabilidad moral y ética con el mismo y con nosotros mismos. Debemos de dejar claro que estos bienes de dominio público, son por su naturaleza, derechos constitutivos, reconocimiento necesario para procurar la armonía y respeto al medio ambiente”, expresó Reyes en su ponencia.
En el caso de las agencias de gobierno, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), argumentaron que no es necesaria la legislación de un nuevo estatuto, pero señalaron en sus ponencias que esperarían por la evaluación del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (Comité) para endosar o no el PS 32.
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