Un grupo de 22 expertos en biodiversidad y ecología, así como activistas ambientales contra la construcción de una piscina privada en la zona de la playa Los Almendros, en Rincón, expresaron oposición a un acuerdo propuesto por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), por juzgar que es contrario a las medidas de restauración ordenadas por la propia agencia para proteger el hábitat de los careyes.
“El acuerdo, en vez de permitir el acceso, lo que busca es impedir el acceso de las tortugas a su hábitat”, esbozó el abogado ambiental Pedro Saade Llorens, de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la UPR, en entrevista con El Nuevo Día.
Saade Llorens hizo referencia a un acuerdo alcanzado el viernes, 6 de agosto, entre el condominio Sol y Playa, cuya junta directiva promueve la construcción de una piscina infinita en la playa, así como con el DRNA y el Municipio de Rincón. Las partes acordaron mantener la construcción detenida hasta que el tribunal diga lo contrario e instalar una verja para impedir el paso de la tortuga a su área de anidación.
Este acuerdo surgió después de que el secretario del DRNA, Rafael Machargo Maldonado, se resistió a hacer cumplir la orden de cese y desistimiento, que le habían recomendado los abogados y biólogos de la agencia, para paralizar la obra y asegurar la protección de los nidos de la especie de Carey. Ocurrió, además, luego que la Junta de Planificación pidió paralizar la obra tras encontrar que se otorgaron ilegalmente los permisos de construcción.
“No encontramos el sentido de instalar una verja: la verja no protege a las tortugas, en todo caso les impide el paso. Si van a remover las varillas y remover todo escombro, ¿cuál es la necesidad de la verja? Lo vemos contradictorio; ¿por qué crear una verja si van a remover los escombros?”, cuestionó Alaihia Lloret, una de las integrantes del Campamento Carey que protesta en contra de la construcción.
La orden de cese y desistimiento establecía que se debía “eliminar la verja metálica paralela a la playa y todo obstáculo utilizado para la construcción, incluyendo: bolsas de cemento y otro material de construcción, escombros, maquinarias”. Pedía también establecer un perímetro de 15 metros para proteger el área de anidación de las tortugas, desde la verja de cemento que delimita la propiedad del condominio norte y sur hacia el mar.
El abogado principal del Municipio de Rincón, Pedro Ortiz Álvarez, informó a El Nuevo Día que no lograron alcanzar un acuerdo el viernes pasado para tranzar el caso del cese y desestimiento de la construcción. “Se solicitó un término de tres días laborables para terminar la discusión”, comentó a este diario.
Los grupos ambientalistas -tanto manifestantes como expertos en restauración y conservación- se oponen al acuerdo por entender que desprotege a las tortugas y constituye una enmienda a la orden de cese y desestimiento.
Saade Llorens dijo que el memorando interno que sacó el secretario del DRNA -donde arguyó que él se refería a una paralización fuera de “la pared en proceso o muralla en construcción”- “es una interpretación absurda”. “La única manera de entender la orden es que buscaba restaurar el área de anidaje donde se estaban construyendo las facilidades”, comentó.
El abogado ambiental sometió, junto a la abogada Verónica González, una moción para que Surfrider Rincón pudiera intervenir en el caso, pero el oficial examinador Luis González Ortiz lo denegó. “Este proyecto va a ocupar la mayoría de una playa con anidación de tortugas. Esa playa perdió como 50% de la costa. Bajo las medidas originales del condominio, hay puntos que estarían en el agua ahora”, comentó Steve Tamar, vicepresidente de la organización en Puerto Rico.
“La construcción de Sol y Playa afecta mucho el ecosistema marino. Tener el deslinde de la zona marítimo-terrestre intacto es vital y crítico para proteger nuestra costa y los recursos valiosos del turismo, el ambiente y la recreación para un pueblo costanero”, enfatizó Tamar.
En comunicado de prensa, un grupo de veintidós biólogos y ecologistas dedicados a estudiar y preservar las especies le solicitaron al DRNA y al Municipio de Rincón que no alteren las medidas de restauración incluidas en la orden del 16 de julio de 2021 y en los informes periciales del DRNA.
“Solicitamos que se nos brinde la oportunidad de aportar con nuestra experiencia y nuestro conocimiento”, pidieron los suscribientes que incluye a los doctores investigadores y profesores, Rafael Joglar, Robert Mayer, Adrianne Tossas, Héctor Quintero y Sondra Vega-Castillo. También suscriben los coordinadores de programas de conservación como Proyecto Tortugas Marinas de Culebra, Arrecifes Pro Ciudad, Chelonia Investigación y Conservación de Tortugas Marinas, Coalición Restauración de Ecosistemas Santurcinos, Yo amo el tinglar y otros programas tortugueros.
En declaraciones escritas a El Nuevo Día, el director de Vida Marina – Centro para la Conservación y Restauración Ecológica, Robert Mayer, comentó que es absurdo considerar volver a construir estructuras que los huracanes y marejadas ciclónicas destruyeron. “Va en contra del sentido común y la evidencia científica y pone el amor al lucro y los intereses de un pequeño grupo sobre la seguridad y resiliencia de las comunidades y de los hábitats de especies en peligro de extinción“, comentó.
Este diario solicitó también expresiones de la junta directiva de Sol y Playa a través de su abogada, Shirley Vokac, pero al momento de publicación no habían compartido declaraciones. Vokac ha reiterado que los titulares tienen derecho a disfrutar su propiedad y que esta área no puede ser considerada hábitat crítico de las especies por supuestamente estar previamente urbanizada.
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