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Falta de recursos y supervisión atentan contra las leyes ambientales

Aunque Puerto Rico tiene un sinnúmero de leyes para proteger el medio ambiente y los recursos naturales, esa protección en ocasiones se da a medias o no ocurre en absoluto.

Las razones para que eso ocurra son diversas. A veces se trata de que no existen los recursos necesarios para poder hacer cumplir la ley. En otras se trata de que la ley no está al día y necesita ser enmendada para ajustarse a nuevas realidades. Sea cual sea la razón, se abre el espacio para que se violen las disposiciones que se supone protejan al ambiente.

Identificación de la Zona Marítimo Terrestre

La ley de costas, por ejemplo, contiene protecciones para la franja que se conoce como zona marítimo terrestre (ZMT), donde se entrelaza el mar con la tierra. Sin embargo, se trata de una ley que fue confeccionada para los tiempos en que Puerto Rico era colonia española, y con frecuencias surgen controversias por el uso de los espacios costeros, como ocurrió hace poco con la polémica construcción de una piscina en la costa de Rincón, un área que está sufriendo un fuerte proceso de erosión.

“El problema fundamental de Puerto Rico no es que no haya leyes o políticas públicas. El problema es que, en el proceso político, hay agencias en las que las personas a cargo de velar porque se cumplan con esas leyes se convierten en sus principales violadores”, opinó el profesor y geomorfólogo José Molinelli, veterana voz en favor del ambiente y una mejor planificación en las construcciones.

“En las agencias ambientales, los jefes están puestos por intereses partidistas, para que en muchas ocasiones incumplan. Tienes un secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que viola las leyes de protección de la costa”, agregó Molinelli.

“El caso que más publicidad ha tenido recientemente es el de Rincón. Ahí se violaron todos los reglamentos básicos, pero como el que establece es el DRNA, firma permisos como buenos cuando no lo son. Ese es un caso clásico donde desde el principio de la construcción están violando las reglas. Trajeron una persona que hizo un deslinde violando las leyes, y siguieron luego construyendo”, condenó. “El ‘issue’ no es de leyes, es de voluntad política para hacerlas cumplir; es que hay una corrupción que no permite que se cumplan”.

No obstante, Molinelli considera que la ley de costas “se puede revisar” de manera que no tenga “espacios para que alguien pueda tratar de eludirla”. Insistió en que, al usar la marca de la marea para delimitar la ZMT debe “establecer con claridad” que sean “las marejadas más profundas”, como las marejadas de huracanes, y “no la marea alta y baja”.

Sin protección los manatíes

En otro caso, existe un grupo de leyes, como la Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico, que protegen al manatí caribeño (Trichechus manatus), un mamífero marino amenazado de extinción. Sin embargo, cada año mueren varios manatíes por el impacto de embarcaciones y ‘jet skis’, como si no hubiera leyes que protegieran a ese sirenio, que, según otra ley de Puerto Rico, es considerado el mamífero nacional.

De acuerdo con el doctor Antonio Mignucci, profesor de la Universidad Interamericana y director del Centro de Conservación de Manatíes del Caribe, el problema no son las leyes para proteger al manatí, sino la falta de recursos suficientes para hacerlas valer, así como para educar a la población al respecto.

“Las leyes están, pero, ahora por la pandemia, por la reducción (de empleados) gubernamental, pues no hay tantos vigilantes (del DRNA) en el agua velando por la velocidad de los botes y ‘jet skis’. No hay suficientes vigilantes, ni los recursos de gasolina o embarcaciones para que puedan hacer su trabajo y velar por los manatíes”, comentó Mignucci. “Y si no hay los recursos, no es efectiva la ley”.

“Y si no hay educación, tampoco se puede hacer efectiva la ley”, agregó, indicando que son muy pocos los recursos que se destinan a la educación sobre el tema de protección de los manatíes “fuera de la educación que lleva el Centro de Conservación de Manatíes del Caribe durante la semana de conservación del manatí”, que corre alrededor del 7 de septiembre cada año.

Esa realidad dificulta la protección de la especie. Tan solo el año pasado, se registró una docena de manatíes muertos por impactos de embarcaciones. El científico aclaró que, aunque el número pueda lucir pequeño, es significativo porque en Puerto Rico, “quedan menos de 500 a 700 manatíes, y todos los individuos son importantes para preservar la especie”.

Sin embargo, resaltó Mignucci, más allá de la falta de recursos, el público puede ayudar. “Todo el mundo tiene que poner de su parte para la conservación del manatí, reduciendo la velocidad de botes y ‘jet skis’ siempre que estén navegando cerca de la costa. Con ese acto, podemos salvar unos seis manatíes al año”.

Olvidada la ley del Bosque Modelo

En otro caso, la ley del Bosque Modelo Nacional de Puerto Rico, que fue pionera a nivel mundial y que buscaba la protección y conservación de una extensa red de bosques, áreas naturales y fincas interconectadas a lo largo de 32 municipios del centro y el oeste de la Isla, ha ido quedando poco a poco en la desatención.

Arturo Massol, director ejecutivo de la reconocida organización comunitaria Casa Pueblo, recordó que, con esa ley del 2014, Puerto Rico se convirtió en el primer lugar del planeta con una iniciativa de bosque modelo estipulada en ley. Agregó que se trataba de “una aspiración” a un mejor manejo regional de esas áreas naturales, con unos recursos y personas que iban a asumir ese trabajo, y que le darían una identidad propia.

“Pero nunca le dieron los recursos para que tuviera solvencia fiscal”, lamentó Massol, agregando que se trata de un concepto que “nosotros en lo personal y en Casa Pueblo seguimos practicando”.

“La designación era importante, pero se ha desaprovechado para poder desarrollarla. Hay iniciativas de comunidades y grupos, de la Universidad (de Puerto Rico) en Utuado, pero con las manos atadas, con grandes limitaciones. Hay un vacío en la ejecución. Desde el gobierno no se dieron todos los recursos, los fondos necesarios. No se ha usado la herramienta para poder lograr desarrollo local, solo a nivel de grupos, contra viento y marea, haciendo la que han podido”, comentó Massol.

¿Positiva la ley de bolsas plásticas?

No obstante, otras leyes en favor del ambiente podría decirse que han corrido con un poco de mejor suerte en cuanto a su implantación y resultados. Tal es el caso de la ley de 2017 que prohibió el uso de bolsas plásticas desechables en los comercios.

De acuerdo con Edan Rivera, secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), “cuando se puso en vigor la ley sí fue un proceso bastante dificultoso, en el sentido de que el cambio en el consumidor fue drástico. Pero luego de ese periodo de transición, que duró como un año, el consumidor aceptó la nueva realidad, se ajustó a la práctica nueva, compró sus bolsas reusables, permanentes, hasta con diseños y de un tipo de material que pudiesen utilizar por mucho más de lo que establece la ley”.

“Lo cierto es que ya la bolsa reusable es parte de nuestro diario vivir cuando vamos a hacer compras, así que en ese sentido yo creo que la ley cumplió con su cometido de que los consumidores dejaran de utilizar aquellas bolsas plásticas, que nos llevábamos a veces por decenas cuando íbamos a hacer compras. Ahora, cuando vamos a hacer compras, o no usamos bolsas y los llevamos directamente del carrito a nuestro carro, o usamos bolsas reusables, y si vamos a utilizar las bolsas plásticas que se permiten bajo la ley, ya no son 10 o 20 como eran antes, se llevan dos o tres”, evaluó Rivera.

“Me parece a mí que los consumidores y el comercio en Puerto Rico se ajustaron a esa nueva realidad. Me parece que esa ley llegó para quedarse, y hasta cierto punto podemos decir que cumplió con su propósito de limitar ese abuso que había respecto a las bolsas plásticas no reusables”, sostuvo Rivera, agregando que espera ocurra algo similar con otra ley a favor del ambiente y en cuya implementación también participa DACO, la ley que prohíbe el uso de neveritas de ‘foam’ en las playas.

Por su parte, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, quién por varios cuatrienios ha batallado en el frente legislativo en favor del ambiente, coincide en la apreciación de que desde el estado no se hace lo suficiente o incluso se actúa en contra del espíritu de las leyes que buscan proteger el ambiente.

Sobre la ley de costas, Santiago comentó que “viene del ordenamiento español del siglo XIX, y no ha cambiado”, y su definición de ZMT no se ajusta a la realidad de Puerto Rico. No obstante, aclaró que “aún con las limitaciones que tiene la ley actual, hay reglamentación que la complementa y que debería haber impedido en su momento desarrollos inapropiados en la zona costera”.

Recordó que, durante la reciente controversia en Rincón, “una de las cosas que salió a relucir es quién hace los deslindes, quién es responsable de esa medición. Son proyectos de deslinde que se hacen por encargo”.

“Hay una brecha enorme entre determinaciones que ya existen, sean leyes, sean reglamentos, sean decisiones administrativas, y lo que realmente pasa, porque no hay un proceso real, las agencias no son fiscalizadoras de sus leyes orgánicas o sus reglamentos. Por el contrario, se convierten en facilitadores del incumplimiento”, condenó, agregando que “algo que es muy insensato”, y que tiene que ver con su denuncia, es “la presunción de que todo lo que certifica un ingeniero es correcto”.

“Eso se ve, por ejemplo, en los problemas que tenemos con las comunidades afectadas por la construcción de antenas de telecomunicaciones. Si el ingeniero te dijo que son 500 pies, o 500 metros, él va a certificar eso en el plano para pedir el permiso. Nadie de la Oficina de Gerencia de Permisos, va hasta allá a medir. Se tiene por bueno hasta que se inicie un proceso formal de impugnación, que cuesta dinero, y que las comunidades no pueden asumir”, denunció.

En otro ejemplo, comentó que la ley de reciclaje, “no se cumple. Y no es solo que no se cumpla, es que no hay ninguna estrategia eficaz para promover el reciclaje, siendo el mayor tropiezo la falta de mercados finales para los materiales reusables o reciclables. Lo estamos viendo con el tema de los neumáticos. Tiene que venir la supercrisis para que de manera consistente se recojan los neumáticos”.

Sobre la ley del bosque modelo, lamentó que “al final le quitaron los recursos económicos. Y el esfuerzo se está haciendo, pero sin recursos materiales. Si le quitas la asignación monetaria, es muy difícil mantener un aparato administrativo, establecer proyectos educativos”.

“Lo vemos en el tema de las costas, en el tema de las antenas, en la protección de los mangles. No hay una voluntad del Estado de ser guardián de nuestros recursos”, insistió Santiago. “Podemos tener la ley ideal, pero si a la cabeza de las agencias con jurisdicción no hay gente capaz y dispuesta a confrontar intereses económicos, pues entonces no hacemos la asignación completa”.

La senadora comentó que, incluso en casos como la prohibición de las bolsas plásticas, “ha funcionado a medias, porque entonces te dan la bolsa superresistente en el supermercado por 10 centavos que va a tardar no sé cuánto tiempo en descomponerse”.

Sin embargo, la senadora se mostró optimista en el hecho de que “hay una nueva generación con mayor conciencia ambiental”. Agregó que también hay casos más positivos de conservación ambiental, como el Corredor Ecológico del Noreste, “un esfuerzo comunitario, que nació de esas comunidades, que escribieron el proyecto, que lo estuvieron cabildeando” y finalmente quedó protegido.

¿Qué dice el DRNA?

Del otro lado de la controversia, Rafael Machargo, secretario del DRNA, agencia que carga con la mayor parte de la responsabilidad de velar por las leyes ambientales, admite que se necesitan más recursos, pero también consenso para mejoras las leyes, y más cooperación de la ciudadanía y de otras agencias.

“He estado en récord diciendo que hace falta una academia de vigilantes. Hace 20 años teníamos más de 500 vigilantes, ahora estamos por 300, y la última academia fue en 2012 o 2013″, sostuvo Machargo.

Agregó que, durante el reciente anuncio del gobierno sobre un plan para revitalizar los vertederos, “el gobernador se comprometió con una nueva academia. Nuestro deseo es que sea de 200 cadetes”.

Aclaró, sin embargo, que el asunto “no es solo pagar la academia, también el gasto recurrente de la nómina. Para eso habría que aumentar el presupuesto del Departamento”, y a esos efectos están trabajando con la Agencia de Gerencia y Presupuesto.

“Otro recurso importante es la cooperación de la gente. Si soy nauta, o manejador de ‘jet ski’, pues manejar con prudencia en aguas donde hay manatíes. Este año (2021), ha habido demasiados accidentes con manatíes”, reclamó, agregando que las zonas que frecuentan manatíes “están rotuladas” para avisar.

Añadió que “cada vez que podemos hacemos reportajes educativos para urgir a la ciudadanía a cooperar, a que naveguen con velocidad moderada, que los manatíes no son animales veloces, que no los toquen, que están en la Laguna de Condado, en el sector Bechara, en el área suroeste. Y en eso la prensa nos ayuda también”.

Sobre la ley de costas, el secretario del DRNA cuestionó que sea “la única del tiempo de España vigente” y que no se haya logrado un consenso social para cambiarla. “Eso es algo que tienen que trabajarlo sectores de la Legislatura, ambientalistas, el comercio, sectores de desarrollo, para trabajar algo de consenso”.

Entretanto, sostuvo, están trabajando con el Comité de Expertos en Cambio Climático, “y otra alternativa es revisar el reglamento que se usa para implantar esa ley, que es de la década de los (19)90″.

“Es un tema complejo, son varios conceptos a la vez. La ZMT, que dicho simple es hasta dónde llega el mar. Y hay dos servidumbres, de vigilancia y de salvamento. Eso da el espacio a la playa. El plano de deslinde dice el mar llega hasta aquí, pero donde puedes construir no es ahí, tienes que dejar los 6 metros de vigilancia y los 14 metros de salvamento. Son 20 metros. Pero eso le corresponde a OGPE. El DRNA no da permisos de construcción”, explicó. “Ese trabajo le toca a otra agencia. El DRNA, OGPE, la Junta de Planificación, todas tienen que hacer valer la ley”.

Machargo reiteró que parte de la necesidad de más vigilantes es precisamente para poder atender todas las denuncias relacionadas con construcciones que podrían ser ilegales, y ser más efectivos en cumplir con la ley. “También estamos trabajando para añadir recursos en la parte de permisología, para ser más efectivos en esa revisión de permisos, hacerlo con el rigor que amerita. No es solo evaluar planos, también ir al campo, mirar bien, varias veces, a ver hasta dónde el mar llega, hasta dónde llega con eventos como la marejada de los muertos. Por eso hace falta agrimensores para hacer esa evaluación”.

“Lo que quiero es que haya claridad, que todos jueguen por las mismas reglas, que sepan hasta dónde se puede construir, hasta dónde se puede llegar, especialmente con la situación de calentamiento global, que lo que está hoy en tierra firme, en 50 años puede estar bajo el mar. Con la erosión, las corrientes, si se cumplen los vaticinios, una pulgada vertical, pueden ser varias pulgadas horizontales”, comentó Machargo.

Sobre el Bosque Modelo, denunció que “no hemos recibido recursos de la Legislatura para adelantar la Ley del Bosque Modelo. Desde que estoy al mando, no hemos visto nada de eso”. En cambio, dijo, trabajan en propuestas con agencias federales como el Servicio de Pesca y Vida Silvestre, “para obtener más fondos, para adquirir terrenos de alto valor ecológico”. Agregó también han usado la ley de bosque auxiliar para beneficiar a dueños de terrenos que dedican su propiedad a bosques y tienen beneficios de no tener que pagar al CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales). Resaltó que el DRNA mantiene un “diálogo con comunidades circundantes y acuerdos de comanejo” para beneficio de esas áreas protegidas.

Por otro lado, Marchargo celebró la prohibición de las bolsas plásticas y cómo la gente ha empezado a usar sus propias bolsas de tela. Celebró la colaboración con diferentes organizaciones ambientales y los esfuerzos y avances en campañas para la reducción, reúso y reciclaje, y para evitar que tiren basura en lugares indebidos.

“Creo que siempre hay espacio para hacer más. Pero necesitamos los recursos, los vigilantes, el personal en el área de permisos, y la cooperación de la ciudadanía para ser más efectivos en la protección del ambiente”, reiteró Machargo. “Todos queremos un Puerto Rico verde, con bosques, playas, humedales, eso va a ser motor de desarrollo económico para Puerto Rico”.

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