Representantes de diversas organizaciones ambientalistas, agrupadas bajo el colectivo Una Sola Lucha, llegaron este lunes hasta la sede del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en busca de respuestas a una serie de reclamos que hicieron, hace casi un mes, al secretario Rafael Machargo sobre la prohibición de la quema de carbón, la disposición responsable de desperdicios sólidos y la destrucción de la zona costanera.
Sin embargo, al tratar de acceder a la oficina del titular del DRNA, los ambientalistas fueron recibidos por una veintena de agentes de la Policía.
“Cuando llegamos abajo, empezamos a firmar y, como dijeron que era mucha gente, éramos como 20 personas, llamaron a seguridad, pero comoquiera subimos hasta el piso nueve, que es donde está la oficina del secretario. Cuando fuimos a entrar, las puertas estaban cerradas, no nos quisieron abrir, las empleadas, secretaria y todo el mundo se fue, y como media hora después, llegó la Policía”, narró a este medio Víctor Alvarado Guzmán, portavoz del Comité Diálogo Ambiental de Salinas.
“Al principio, fue hostil, pero estábamos en una oficina pública, vinimos con actitud tranquila y, de repente, te cierran una puerta y te llaman la Policía. Es lo que estamos viviendo en el resto del país, lo que está pasando en Rincón, con la movilización de la Policía, y en otras luchas ambientales, como en Peñuelas que, desde aquí, se moviliza a la Policía de Puerto Rico en contra de la gente”, añadió.
Alvarado Guzmán indicó que, tras el incidente, fueron atendidos por la subsecretaria del DRNA, Cynthia Rivera, quien dijo desconocer el contenido del documento que entregaron con sus reclamos, el 7 de julio, y en el que dieron a la agencia hasta el pasado viernes para obtener las respuestas.
Según Alvarado Guzmán, la funcionaria se comprometió con el grupo a llevar sus planteamientos a Machargo, y coordinar una reunión con él.
No fue posible obtener, de inmediato, comentarios de la jefatura del DRNA sobre este asunto.
Por su parte, Vanessa Uriarte, portavoz de Amigxs del Mar, sostuvo que “la agencia no tiene ni idea de qué es lo que está haciendo ni con qué debe cumplir”.
“Es una muy mala política pública de utilizar la fuerza para reprimir, en vez de realmente hacer justicia. Creo que el Estado ha criminalizado las protestas, en particular, las luchas ambientales. El Estado ve la naturaleza como un estorbo para sus ideas de supuesto desarrollo económico y, por lo tanto, han cerrado todas las líneas para los grupos ambientales y las comunidades organizadas en acudir a buscar justicia en algún lugar”, denunció.
“Mientras eso siga ocurriendo y se vaya incrementando la crisis climática del país, seguiremos saliendo a la calle, y cada vez seremos más. Lamentablemente, vemos que el Estado no entiende que el deber de la Policía debería ser el contrario; no hacia nosotros, sino contra quienes están violentando la naturaleza y las vidas de todos los pobres”, sentenció.
El documento entregado al DRNA, hace aproximadamente un mes, fue firmado por decenas de organizaciones ambientalistas y comunitarias, y contiene unos reclamos agrupados en seis áreas, que van desde la energía, las costas, el manejo de los residuos sólidos, el trato justo de los animales y “la disposición responsable de los residuos sólidos”.
El documento entregado al DRNA, hace aproximadamente un mes, fue firmado por decenas de organizaciones ambientalistas y comunitarias, y contiene unos reclamos agrupados en seis áreas, que van desde la energía, las costas, el manejo de los residuos sólidos, el trato justo de los animales y “la disposición responsable de los residuos sólidos”.
“El documento incluye exigencias específicas para que el DRNA enmiende el reglamento para el manejo de los residuos de combustión de carbón, endose el Proyecto del Senado 131 y el Proyecto de la Cámara 430, que buscan adelantar la prohibición de la quema de carbón para generar energía, y entregue la contabilidad de las cuentas de los fondos de reciclaje de baterías, neumáticos y aceite de motor”, expuso Alvarado Guzmán.
“También se exige el establecimiento de una moratoria de construcción en las costas y la aprobación de una Ley de Costas para evitar situaciones como las que han ocurrido en los últimos años en Playuela, en Aguadilla; Jauca, en Santa Isabel, y la Playa Los Almendros, en Rincón, entre otros”, acotó.
Asimismo, el colectivo urge que se hagan cambios a un proyecto de canalización para mitigación de inundaciones en el Río Piedras, y se elimine la sombrilla del DRNA, al que fueron consolidadas varias agencias, como la Junta de Calidad Ambiental y la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS).
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