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Junta de Directores del condominio Sol y Playa de Rincón retará orden de paralización de la Junta de Planificación

Los titulares alegaron ser “víctimas inocentes de una brutal persecución selectiva” para detener el proyecto.

La Junta de Directores del condominio Sol y Playa, en Rincón, informó hoy, miércoles, que retará “en los foros correspondientes” la orden de paralización –cese y desista– emitida por la Junta de Planificación (JP) tras determinar que el permiso de construcción para la rehabilitación de las instalaciones recreativas del complejo de vivienda se otorgó en incumplimiento legal y reglamentario.

En un comunicado de prensa divulgado en Twitter, el organismo lamentó “profundamente” la determinación de la JP, “ya que es evidente que la misma no responde a derecho y sí a la presión mediática y de un pequeño grupo que se ha opuesto a la reconstrucción de nuestra propiedad”.

“Ni siquiera hemos tenido la oportunidad a un debido proceso de ley para demostrar la legalidad de nuestros permisos”, agregó la Junta de Directores, que describió la resolución de la JP como una “determinación de equivocada” de tres miembros asociados de la agencia (no identificados), “que aún no han sido confirmados por el Senado”.

El Nuevo Día publicó en primicia, hoy más temprano, que la decisión de la JP fue unánime. A través de una fuente, este diario confirmó que votaron a favor el presidente designado Manuel Hidalgo y los miembros asociados designados Julio Lassús, Mercemar Rodríguez y José Díaz. La votación fue ayer, martes, y la miembro asociada designada Rebecca Rivera se excusó. La resolución de la JP está firmada por Hidalgo y la secretaria de la agencia, Loida Soto.

Para la Junta de Directores del condominio, “resulta contradictorio que la propia Junta de Planificación, por voz de su asesor legal (Héctor Morales), establezca solicitar la revocación de unos permisos que él mismo admite que son válidos”. El organismo se refirió a las declaraciones que Morales dio a El Nuevo Día, en la que planteó: “La obra tiene permiso, pero por razón de salud y seguridad se está acogiendo la recomendación del auditor y expidiendo un cese y desista de los trabajos de construcción”.

“Hoy, nos reafirmamos en que la obtención del permiso para reconstruir el área siguió todos los parámetros de ley y reglamentos vigentes, tal y como lo reconoció el DRNA (Departamento de Recursos Naturales y Ambientales) y la Oficina (de Gerencia) de Permisos (OGPe). Como expresáramos recientemente, la reconstrucción de nuestras facilidades estará en pausa mientras se dilucidan estos asuntos en los foros correspondientes”, añadió la Junta de Directores.

El 24 de julio, ante las continuas protestas de manifestantes que denuncian la ilegalidad del proyecto y exigen que se detenga, el organismo puso en pausa la construcción, que ocurre en la playa Los Almendros. La determinación de la JP impediría una eventual reanudación de los trabajos.

En su resolución, la JP determinó que el permiso de construcción se concedió en presunta violación a la Ley de Certificación de Planos o Proyectos (Ley 135-1967). Además, concluyó que el cumplimiento ambiental del proyecto se certificó por el mecanismo de exclusión categórica, cuando no correspondía; y que la obra viola reglamentos de la JP y el DRNA sobre inundaciones y el manejo de zona marítimo terrestre.

Al respecto, la Junta de Directores del condominio insistió en que “hemos sido víctimas inocentes de una brutal persecución selectiva por parte de personas que se dedican a desestabilizar los sistemas democráticos de ley y orden”.

“No solo hemos sido víctimas del vandalismo, amenazas, persecución, abuso, difamación y privación de nuestra propiedad privada, sino que ahora también somos víctimas de una Junta de Planificación que distorsiona el estado de derecho vigente y pretende despojarnos de nuestro más elemental derecho al uso y disfrute de nuestra propiedad privada”, puntualizó el organismo.

“Defenderemos nuestra propiedad, por la que hemos pagado durante 24 años con mucho trabajo y esfuerzo, en todos los foros a los que tengamos que acudir”, agregó.

La resolución de la JP establece que la Junta de Directores del condominio tiene 30 días para pedir una reconsideración, ya sea por la vía administrativa en la misma agencia o yendo directamente al Tribunal de Apelaciones.

Asimismo, una vez la JP someta al tribunal la petición formal de revocación o nulidad del permiso de construcción, el juez o jueza que atienda el caso dará tiempo a las partes para expresarse oportunamente.

Reacciona el ingeniero referido

Por otro lado, la resolución de la JP incluye un referido del ingeniero proyectista Enrique Santiago Arroyo, tanto al Colegio de Ingenieros y Agrimensores como a la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores, por supuestamente certificar el permiso de construcción en violación a la Ley 135-1967.

Santiago Arroyo dijo a El Nuevo Día que le sorprendió el referido, porque, a su juicio, “el permiso tiene la documentación correcta”.

“Lo que yo entiendo es que el permiso está correcto y dividido en fases. No entiendo qué deficiencia habrán encontrado. La escritura es clara. Además, hay un estudio marítimo terrestre que se sometió y es parte de los documentos”, añadió el ingeniero licenciado, quien se abstuvo de ofrecer más declaraciones por presuntamente no tener detalles acerca del referido.

Por otro lado, guardó silencio el consultor Gamaliel Rivera, identificado por la JP como quien certificó el cumplimiento ambiental del proyecto por exclusión categórica. “No puedo hacer comentarios en este momento”, dijo. La JP no recomendó acciones en torno a Rivera.

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