Las serias denuncias sobre la presunta ocupación y utilización ilegal de tierras en la costa de Bahía de Jobos, zona de altísimo valor ecológico ubicada entre Guayama y Salinas, hace imperativo que todas las partes involucradas colaboren responsablemente en la investigación encaminada por el Departamento de Justicia de Puerto Rico.
Es menester que, tras la renuncia del secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo, se designe a la brevedad a una persona con las competencias necesarias para liderar el departamento que tiene la encomienda de proteger bienes públicos indispensables para enfrentar los impactos del cambio climático, y para coordinar respuestas de adaptación y mitigación de riesgos.
Quien suceda a Machargo debe sumar colaboración total a las investigaciones dirigidas por el Departamento de Justicia y la Cámara de Representantes, en torno a la posible comisión de crímenes ambientales en Bahía de Jobos. Proveer los expedientes solicitados, que son documentos públicos, es fundamental.
Será determinante la estrecha cooperación de los gobiernos municipales del área y de las corporaciones públicas que han facilitado la conexión de los servicios de agua y luz a edificaciones en la referida región costera. Resultará relevante, además, la colaboración de las autoridades federales con jurisdicción en este asunto.
Desde 2015 se sabe de alegaciones sobre actividades ilegales con potencial nocivo para la fauna y flora en solares que son parte de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía Jobos. Se trata de la segunda área estuarina más amplia de Puerto Rico, de acuerdo con los registros del DRNA. En 2018, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) advirtió al DRNA que incumplía con requerimientos programáticos de la Ley de Manejo de la Zona Costera por su inacción sobre recomendaciones de la agencia federal para remover de la zona estructuras consideradas ilegales.
Investigar a fondo esta controversia con los recursos necesarios debe conducir a identificar y procesar a las personas responsables de cualquier conducta irregular.
De igual forma, debe proveer soluciones que contribuyan a conservar y proteger los predios. Estas áreas sirven como incubadoras de peces y otras especies que aportan a la seguridad alimentaria y son esenciales para el equilibrio de la biodiversidad del país.
La reserva tiene una extensión de 2,800 acres que incluyen 15 islotes con biodiversidad única. Allí se han documentado 89 especies de aves migratorias y predios de praderas marinas, hábitat de la tortuga marina y el manatí, ambas especies en peligro de extinción. Desde la década de 1980, la NOAA designó el ecosistema como reserva de investigación, lo que implica un manejo compartido de las autoridades federales y estatales.
Además de adjudicar responsabilidades por posibles actos indebidos, la pesquisa debe contribuir a clarificar qué tipo de actividad puede llevarse a cabo en la importante reserva, sujetas a las regulaciones estatales y federales. El gobierno estatal ha documentado el valor de la zona como espacio para el ecoturismo, incluyendo actividades de recreación marina, pesca y programas que acogen la participación comunitaria. Es imprescindible que los objetivos legítimos no sean desvirtuados.
En tal sentido, es crucial que se consideren los señalamientos de científicos y la documentación sobre la destrucción de porciones de mangle y relleno de humedales, entre otros posibles daños causados por la instalación no autorizada y descontrolada de edificaciones de distinta magnitud.
El desorden en Bahía de Jobos muestra una vez más la urgencia de desarrollar, como sociedad, una cultura de aprecio al valor de los recursos naturales y ambientales como bienes vitales para Puerto Rico. Estas riquezas naturales son infraestructura crítica para la protección de las costas, vidas, propiedades, en fin, de la calidad de vida en Puerto Rico. También son activos para la economía local apoyada en el turismo atraído por la belleza natural y los restaurantes sostenidos por la pesca. Todo ello redunda en beneficio para el país.
LEA LA NOTICIA COMPLETA EN ELNUEVODIA.COM