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La isla necesita detener la contaminación del plástico

El proyecto legislativo que busca prohibir en Puerto Rico los sorbetos plásticos no reusables ofrece una mirada valiosa al apremiante reto de reducir los desperdicios sólidos, aunque se queda corto de ofrecer un plan abarcador para que la isla minimice, en plazos definidos, el daño ecológico causado por ese material.

plastico

Reducir el abuso de esa materia contaminante y adoptar la cultura del reúso y reciclaje son responsabilidades compartidas del gobierno, de las industrias, de los comercios y del resto de la sociedad. Urge que el Estado asuma una política pública clara, eduque y provea las plataformas que hagan esa política efectiva. Además, el país requiere conciencia y acción de sus ciudadanos para disminuir el impacto ambiental de sus actividades cotidianas.

En su exposición de motivos, el documento afirma que cada año se usan más de 175,000 millones de sorbetos en el mundo, que toman siglos en descomponerse. La mayoría de estos desechos va a parar al mar. En total, se estima que la población global produce cientos de millones de toneladas de desechos de plásticos cada año. Muchos causan la muerte de aves y de especies marinas, lo que altera el balance ecológico y la misma cadena alimenticia de la que dependemos los humanos. Otros, como los microplásticos, permanecen en el cuerpo de los peces y mariscos que consumimos, con potenciales efectos perjudiciales a la salud humana.

La ONU ha advertido que, si la tendencia continúa, en aproximadamente 30 años podríamos tener en los mares más plástico que peces. Reconocer la necesidad de actuar ha llevado a más países a adoptar impuestos o prohibiciones que generen cambios en los patrones de producción, consumo y disposición de este material. Pero más que consignarse en papel, este tipo de medidas requiere mecanismos de implementación efectiva.

Puerto Rico aprobó en 2015 la ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas en establecimientos comerciales. Pero esta disposición no siempre se cumple. Muchos comercios venden fundas de ese material, más resistentes y reusables, que también dañan el ambiente. Los consumidores no siempre las vuelven a usar.

El propio Departamento de Asuntos del Consumidor ha reconocido que no cuenta con los recursos suficientes para fiscalizar la implantación de la ley. En el primer año, la agencia había emitido apenas diez multas a establecimientos que no ofrecieron la opción de bolsas reusables o desechables. Las vías punitivas sobrarían si cada ciudadano, comercio e industria optase por mejores prácticas. Los establecimientos de comida, por ejemplo, pueden hacer su parte al proveer materiales más amigables al ambiente y la salud de todos.

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