A pesar de que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares recalcó ayer que pondrá trabas a cualquier acuerdo con bonistas si la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) recorta las pensiones, el ente federal negocia con otros bonistas constitucionales en un intento por allegar más adeptos al acuerdo que recién suscribió con la Coalición de la Deuda Constitucional Legítima (CDCL), supo El Nuevo Día.

Según las fuentes de este diario, que solicitaron anonimato, las negociaciones están activas y deben resultar en más acuerdos de respaldo a la reestructuración (PSA, en inglés) en las próximas semanas. Este proceso sucede de cara a la presentación del plan de ajuste del gobierno central, propuesta que la JSF llevará ante la consideración de la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain en el próximo mes.

Ayer, en conferencia de prensa, la directora ejecutiva del organismo federal, Natalie Jaresko, no ofreció detalles de las negociaciones en curso, pero subrayó que el pacto con la CDCL sienta las bases para una modificación profunda de la deuda del territorio estadounidense.

Si la estrategia de la JSF da fruto, Puerto Rico reduciría su deuda por concepto de bonos, de unos $35,000 millones a $12,000 millones; y casi a la mitad el pago anual a los bonistas, de un promedio de $4,200 millones al año a unos $1,500 millones.

“Los acuerdos que hemos alcanzado son un hito significativo para Puerto Rico”, dijo Jaresko.

Según Jaresko, la ley federal Promesa autoriza a la JSF para presentar el plan de ajuste del gobierno ante Swain sin requerir el aval del gobierno o la Legislatura. Explicó además que, al presente, la JSF no tiene claro si luego que se confirme el plan, sería necesario que se adopte legislación por parte del gobierno puertorriqueño. Según expertos, un plan de ajuste aprobado por la corte tiene la fuerza de una ley federal.

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