La reconstrucción de alrededor de una decena de villas pesqueras alrededor de la Isla tras los impactos que sufrieron a consecuencia del paso del huracán María en 2017 está atrasada y por lo menos, en un caso se cometieron errores en la etapa de diseño. En otros, hay un denominador común: la titularidad mixta de las zonas hace que los procesos se tornen más complejos de lo que ya son.

El secretario del Departamento de Agricultura (DA), Ramón González, indicó que uno de los proyectos más relevantes es el de la Villa Pesquera de San Juan, conocida como La Coal, que se canceló a pesar de que estaba todo listo para iniciar las obras que incluían pintura, reparación de techos, verjas y remplazo de puertas, ventanas y luminarias.

El proyecto está otra vez en la fase de creación de un nuevo diseño que González estima podría culminar en tres semanas, para entonces someterlo para aprobación.

La villa está compuesta por siete pequeños edificios de madera con casilleros en su interior, conocidos como “las casitas”, así como tres muelles, un garaje y un edificio de hormigón.

“Se subastó la obra que nos habían dejado y cuando llegamos a hacer las obras, nos percatamos de que la realidad es que estaba en un estado que decidimos cancelar el contrato. Eso allí es bien peculiar”, narró el titular de la agencia en entrevista telefónica.

“Estas villas tienen ‘lockers’ que eran de madera y el proyecto pretendía cambiar ventanas y techos (solamente), pero la madera estaba en unas condiciones que en realidad aquello no iba a quedar acorde al lugar y después de muchas consultas decidimos cancelar y rediseñar el proyecto”, agregó.

Originalmente la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) obligó $696,449 bajo el programa de obras permanentes. Ahora se busca demoler toda la estructura y hacerla nueva. González estima que con esa misma cantidad de dinero podría completar las obras.

Manuel Laboy, director de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), explicó que la subasta la manejó la Administración de Servicios Generales (ASG) y que su oficina no tuvo inherencia en la determinación de cancelarla, aunque el secretario de Agricultura dijo que COR3 le dio el visto bueno al cambio de planes.

“Así las cosas, ASG debe evaluar las cláusulas establecidas en dicho proceso para establecer a quién corresponde el pago por los servicios ofrecidos en ese proceso”, sostuvo por medio de declaraciones escritas.

Karla Rivera, portavoz de prensa de ASG, indicó que no se pagó indeminización alguna al contratista y detalló que el diseño original estuvo a cargo de ingenieros que trabajaban con el DA. González por su parte aseguró que los gastos originales de diseño fueron mínimos.

FEMA explicó por qué se le dio el visto bueno a un diseño que no tomó en cuenta el estado y los daños completos en la edificación. La agencia expuso que, el primer paso es que su personal, junto a COR3 y el solicitante -el DA en este caso- deben estar de acuerdo con la descripción y las dimensiones de los daños.

Entonces, el solicitante somete a FEMA su propuesta del Alcance de Trabajo (SOW, en inglés), incluyendo lo relativo a la mitigación de riesgos (HMP). Si el trabajo está terminado, se somete el SOW completado para cada uno de sus proyectos.

A partir de allí FEMA evalúa potenciales impactos sobre recursos ambientales o históricos. “Una vez que el solicitante determina su método preferido de reparación, debe presentar un SOW detallado y una estimación de costos para la revisión de FEMA a través del estado (COR3)”, informó la agencia en declaraciones escritas.

Jurisdicción compartida

Otra villa pesquera que tiene una situación compleja es la que ubica en la playa Crash Boat en Aguadilla. Aunque el DA está ayudando con los procesos para su reconstrucción, la titularidad la tiene el municipio, mientras que otros asuntos se trabajan con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Encima, las marejadas del huracán María rompieron la estructura y ya no se puede volver a levantar donde estaba ubicada.

“Van a seguir estando las lanchas y las yolas donde siempre han estado, pero la facilidad hay que moverla”, indicó González. Y aunque el huracán pasó hace más de cuatro años, aseveró que hay un grupo de trabajo “que está buscando las alternativas” para esa mudanza.

En Maunabo se busca hacer una estructura con un segundo piso, pero según González, al DRNA le toca reconstruir la rampa y el muelle para que resista marejadas.

En Vega Alta no hay muelle y los pescadores “básicamente no tienen rampa”. No obstante, por tratarse de una estructura que va dentro del agua, González aseguró que deben esperar a ver “qué decide Recursos Naturales” en términos de permisos.

Aún así dijo que en 30 o 60 días podrían comenzar los trabajos, que incluyen levantar un techo y crear las facilidades para que se pueda “despachar el pescado frito allí mismo”.

Joel Seijo, portavoz de prensa del DRNA, negó que hayan atrasos debido a que la agencia no ha hecho su parte e indicó que el 25 de enero de este año salió la Solicitud de Propuestas para la gerencia de proyectos que además son parte de la Propuesta Federal para la Resiliencia Pesquera ante un Huracán mediante la cual la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) asignó $9 millones con los que se completarán los trabajos que no se puedan cubrir con fondos de FEMA. 

“Se está trabajando de manera conjunta. Incluso, se ha ido a inspeccionar con funcionarios a la vez de las dos agencias”, afirmó Seijo en entrevista separada.

“De por sí es un proceso que es complejo, que es largo. Hemos aprendido mucho este año y lo estamos manejando de la mejor forma posible. Tengo una persona a cargo de todos los proyectos de FEMA, un licenciado y junto a los ingenieros, hicimos una oficina centralizada”, puntualizó por su parte el secretario de Agricultura.

Mientras, la villa pesquera de Salinas y el centro de mercadeo de Patillas se encuentran en zonas inundables y el retraso en las obras responde a que se necesita hacer tasaciones para poder moverlas a zonas más seguras.

Para González estos procesos ofrecen la oportunidad de darle un renacer a la industria local con centros pesqueros que tienen el potencial de convertirse en atracciones turísticas donde las personas pueden ir a consumir productos “directamente de la mano de los pescadores”. Esto también conlleva promover un relevo generacional para que jóvenes se hagan cargo de la industria.

“Con un año que llevamos nos ha ido mejor de lo que esperábamos. Hemos podido incentivar bastantes pescadores para la compra de motores, la compra de lanchas, la otorgación de incentivos del Departamento (de Agricultura)”, detalló.

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