Con la mayoría de los vertederos saturados y varios de estos en vías de cierre, a Puerto Rico le urge resolver el problema de manejo y disposición de los residuos sólidos con políticas públicas acertadas, ejecución gubernamental adecuada y la imprescindible colaboración ciudadana.

El asunto es tanto una amenaza para la salud humana y ambiental si no se aborda, como una oportunidad económica y de creación de empleos en la generación de soluciones sostenibles.

Hay $40 millones aprobados por el Congreso para la recuperación de los huracanes. Los fondos están disponibles para gestionar el manejo y la disposición de desperdicios sólidos con iniciativas que optimicen las condiciones de los vertederos que estén en cumplimiento con las reglamentaciones federales, y encaminar el cierre ordenado de otros.

Desde 2003, Puerto Rico no cuenta con un estudio de caracterización de residuos que permita identificar los materiales que más se desechan en los vertederos para diseñar estrategias dirigidas a reducir su uso y consumo, o desarrollar formas para disponer de ellos de forma adecuada. Por otro lado, el secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo, ha ofrecido ayudar a encaminar industrias nativas dedicadas al reciclaje. El compromiso debe encaminarse con determinación, en coordinación con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

Se estima que Puerto Rico genera alrededor de cuatro millones de toneladas de basura al año. Los huracanes Irma y María de 2017 complicaron el ya comprometido estado de los vertederos al punto de restarles vida útil.

Por años, los conocedores han advertido de la importancia de reducir la producción y el consumo de materiales contaminantes, así como reusar y reciclar los residuos.

Este importante objetivo conlleva acción en dos vías.

Por un lado, requiere concienciación ciudadana y del sector privado para el manejo sostenible de los recursos. Es necesario que, desde los distintos frentes, además del gobierno, surjan esfuerzos por educar a los ciudadanos sobre los distintos materiales, cuáles deben evitarse y cuáles podrían reutilizarse.

Por otro lado, les toca al gobierno y los municipios hacer lo posible para que la acción ciudadana se traduzca en soluciones permanentes al problema. Las iniciativas de orientación pueden ser efectivas siempre que la acción ciudadana sea respaldada por procesos y operaciones adecuadas de disposición y con la infraestructura para reciclar que inyecten dinero y empleos a la economía.

También es necesario que el propio gobierno procure el cumplimiento con la Ley de Reducción y Reciclaje. Dicho estatuto establece que se utilicen tecnologías y se implanten sistemas para la reducción de los desperdicios sólidos y la recuperación de materiales con el potencial de ser reutilizados o reciclados y devueltos a la economía como productos o materia prima.

El estatuto establecía como meta reducir para 2001 el 22% del volumen de desperdicios depositados en los vertederos hasta alcanzar el 35% en 2006. Dicha ley fue enmendada en 2004 para requerir a los municipios la compra escalonada de material reciclable como forma para adelantar la meta establecida. Para 2013, la isla apenas reciclaba menos del 10% de sus desechos. Hasta el año pasado, más del 90% del material reciclable se exportaba a China.

La inacción sobre la acumulación exponencial de residuos sólidos tiene un efecto en cadena sobre los recursos naturales y la salud de la población, particularmente en una isla como Puerto Rico.

De ahí la importancia de planificar y actuar aprovechando los fondos federales para la recuperación. El problema de manejo y disposición de residuos es uno de esos grandes desafíos que urge resolver de forma responsable, inteligente y sostenible por el bienestar de nuestro país.

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