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Once países americanos prevén armonizar sus leyes para proteger el Amazonas

Vista de la Amazonia

Vista De La Amazonia

Once países de América Latina han aprobado una propuesta de la Unión Europea para armonizar sus leyes medioambientales con el objetivo, entre otros, de proteger el Amazonas y lograr una “persecución penal coherente en territorios con una situación ambiental tan similar”.

La propuesta, incluida en el Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado (PACcTO) de la UE y a la que ha tenido acceso Efe, se basa en que los textos penales medioambientales examinados de esos once países americanos “revelan un marco normativo dispar y en ocasiones falto de coherencia, a pesar de responder a realidades muy similares”.

La iniciativa de la UE, uno de cuyos ponentes es el fiscal jefe de Medioambiente de Sevilla, Javier Rufino, afecta a Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá y Perú, cuyos representantes de seguridad y fiscales se han reunido en Lima dentro de las reuniones del Paccto.

En esa reunión se abordó la necesidad de actuar contra los delitos medioambientales, de alta rentabilidad, con las mismas técnicas que se emplean contra el narcotráfico, entre ellas agentes encubiertos y entregas controladas.

Las recomendaciones afectan a la necesidad de armonizar los delitos que afectan a la flora y fauna, a los incendios forestales y a la contaminación ambiental para atacar, especialmente, a la minería ilegal en el Amazonas, donde la extracción de oro, que se vende en Europa, China y Estados Unidos, provoca graves daños por el uso del mercurio.

Una de las novedades de la propuesta es incluir en el código penal la mera financiación para cometer los delitos de minería ilegal, al que están asociados otros como la trata de seres humanos por la prostitución vinculada a los poblados, en los que viven miles de mineros, y también el tráfico de drogas.

Reformas legales

Además, en las reformas legales que deben hacer los países, se recomienda incluir la reparación del daño causado como atenuante de mayor intensidad en los delitos medioambientales.

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