La Asociación de Productores de Energía Renovable (APER) reclamó ayer a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que prosiga con los 16 proyectos de fuentes alternas que anunció en mayo, que añadirían 593 megavatios a la red, pese a la negativa de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

De paso, el director ejecutivo de la APER, Julián Herencia, acusó a la JSF de “querer dictar política pública energética, cuando esa no es su responsabilidad, sino del Ejecutivo”. También, le imputó “agenciarse autoridad en el establecimiento de tarifas eléctricas, cuando esa determinación le corresponde al Negociado de Energía”.

En mayo, la AEE informó que había logrado nuevos términos y condiciones con varios proyectos de energía renovable, cuyo origen se remonta a la gobernación de Luis Fortuño y que por causas económicas no se habían ejecutado. Entonces, la AEE aseguró que los proyectos ayudarían a adelantar la meta, impuesta por ley, de un 100% de generación con fuentes alternas para 2050, pero dejó claro que faltaba la aprobación de la JSF y el Negociado.

El Negociado avaló los contratos, pero la JSF no. En esencia, la JSF determinó que los proyectos contradicen el plan fiscal certificado de la AEE en lo relativo al costo por kilovatio-hora y levantó dudas sobre la capacidad financiera de los desarrolladores. Por tanto, determinó que solo podrían integrarse a la red 150 megavatios y ordenó a la AEE una nueva renegociación.

“En ese proceso estamos ahora, pero hay varias situaciones que nos preocupan. Por ejemplo, la Junta excluyó de su análisis los costos de protección contra huracanes y los costos de capital de los proyectos. Tampoco consideró que los parámetros técnicos de los proyectos, según diseñados, son mucho más eficientes que los incluidos originalmente en el plan fiscal de la AEE. Es decir, las premisas que usó la Junta no incorporan lo último que sabemos del mercado”, dijo Herencia.

Añadió que la APER ha intentado –sin éxito– reunirse con los equipos técnicos de la AEE y la JSF para juntos lograr una solución favorable. “No ha habido apertura ni transparencia”, añadió, al informar que la APER envió una carta a la Casa Blanca y al Departamento de Energía federal con sus planteamientos.

Fernando Padilla, director de la Oficina de Reestructuración y Asuntos Fiscales de la AEE, dijo, por su parte, que solicitaron “información técnica y financiera” a los desarrolladores y están evaluándola para “determinar cuáles van a ser los proyectos que entrarían como prioridad”. Indicó que, “en las próximas semanas”, comunicarán su decisión a la JSF para “lograr su aprobación”.

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