El marco legal que regula el manejo de las costas en la Isla está fragmentado, tiene disposiciones que chocan entre sí y en muchos casos están obsoletas, dijo ayer Maritza Barreto Orta directora del Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico (CoRePI).

La geóloga marina dijo que parte de las investigaciones que realiza con su equipo de trabajo están dirigidas a determinar el estado de las playas tras el impacto del huracán María e informó que luego de evaluar las costas en 34 de 44 municipios, y de examinar leyes, reglamentos y órdenes administrativas, han determinado que hay mucho por mejorar.

El abogado ambientalista Pedro Saadé coincidió en que las disposiciones legales son tantas y tan variadas que se prestan para que luego en los foros pertinentes, ya sean judiciales o administrativos, haya interpretaciones que al final del día obran en contra de la protección de los recursos.

No obstante, de lo que no cabe duda es que las playas son un bien de dominio público y por ende no se debe permitir construcciones que limiten el acceso.

“Esa ambigüedad de lo que representa la definición de lo que es, por ejemplo, la Zona Marítimo Terrestre, la ambigüedad de la zona de riesgo, de dónde realmente debo invertir y dónde no, todo eso ha creado malestar y este debate de lo público y lo privado y cómo se malinterpreta que la playa es mía o de personas… todo ese debate entiendo que sale del marco legal que no está integrado, no está al día con lo que nos dice la ciencia y donde hay un choque entre los mismos instrumentos legales”, señaló Barreto Orta en entrevista con EL VOCERO.

Para el abogado ambientalista esto se suma a dos factores: el constante incumplimiento por parte de las autoridades y el problema de fondo por la inequidad social sobre quien controla los accesos, ya que los grupos con mayor capacidad económica tienen formas de quedarse con las áreas y volverlas exclusivas.

“Las leyes por sí solas no son suficientes. Como están se prestan a tergiversaciones, se permite pedir exenciones que se otorgan a veces gracias a las conexiones políticas y la influencia de los sectores poderosos y la élite que existe en Puerto Rico… Otro problema que hay es el de ausencia de transparencia en la obtención de permisos que se estén tramitando. Cada vez el gobierno se vuelve menos y menos transparente con el acceso a información de lo que está pasando”, criticó.

A su juicio la tendencia a impedir que la gente participe de los procesos administrativos unido a una tendencia “restrictiva y conservadora” de muchos jueces que no le reconocen legitimación o “standing” a las personas y vecinos -que a su vez responde a un problema de mucho tiempo de pobre acceso a los tribunales- también dificultan que se protejan los recursos naturales.

Según un recuento del abogado, actualmente se llevan a cabo batallas similares de comunidades que cuestionan la intervención y la limitación en los usos y disfrutes de playas en un área de Yabucoa, así como en Playuela en Aguadilla y Punta Bandera en Luquillo.

“Pienso yo que la alternativa es la gente y que las personas vean que se pueden hacer esfuerzos conjuntos” similares a las manifestaciones que se dieron recientemente en el área de Ocean Park en San Juan y en Dorado Beach en Dorado, declaró.

Barreto Orta señaló que es contradictorio que quienes por lo general más se oponen a establecer controles y seguir las indicaciones científicas lo hacen bajo la bandera del desarrollo económico, pero precisamente el desarrollo económico es lo que se afecta con construcciones mal hechas y en lugares vulnerables a la erosión y a otros efectos producto del cambio climático. Como ejemplo dijo que un hotel que se levante en una playa y como consecuencia afecte los procesos naturales de la zona, al final se quedará sin ese recurso haciéndose menos atractivo y liquidando las posibilidades de otras iniciativas en el lugar.

Por su parte el gobernador Pedro Pierluisi dijo ayer que las “playas son públicas y el pueblo tiene derecho a (accederlas)”.

Sobre el caso específico de Dorado donde decenas de personas documentaron el difícil acceso a la playa y cómo guardias de seguridad en algunos casos ponían trabas al paso para llegar a la playa, el mandatario indicó que pedirá asesoramiento a agencias como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y la Junta de Planificación.

Indicó, además, que hoy martes se supone que las agencias rindan sus informes sobre las 16 recomendaciones que no acogió de primera intención de un total de 103 que le sometió el comité que nombró con expertos en el tema del cambio climático para el desarrollo en las costas y su protección.

El resto de los otros cursos de acción, que suman 87, dijo que todo era “cuestión de implantarlas” para lo que designó a la secretaria de la Gobernación Noelia García.

“Esto es un asunto sensitivo. Necesitamos tener un balance. Escuché el reclamo y lo vamos a atender”, dijo Pierluisi en conferencia de prensa.

Denis Márquez, representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), recordó que su colectividad sometió un proyecto para crear la Ley de Costas de Puerto Rico en el que se establecen criterios y definiciones actuales, incluyendo lo que es la Zona Marítimo Terrestre y que la planificación y diseño de las estructuras que se edifiquen no tengan el efecto de afectar los accesos a las playas.

Recordó que en el Código Civil se establece que todo bien con valor ecológico es “inalienable, inembargable e imprescriptible y su utilización privativa por las personas solo podrá efectuarse mediante las concesiones permitidas por ley”, por lo que hace falta reforzar que las playas son esos bienes de valor ecológico y como tal hay que protegerlas.

Joel Franqui, integrante de la comisión cameral de Recursos Naturales dijo que el problema está en que no se implementa el texto de las leyes. Indicó que en el pasado se permitían construcciones, no solo en las playas sino en los márgenes de los ríos, pero que ahora es tiempo de “mejorar”. El legislador felicitó a las personas que dieron cátedra con las manifestaciones para reforzar que las playas son públicas y deben tener libre acceso.

Su receta ante la situación es que haya “más empleados que puedan visitar el ‘field’ y se pueda determinar si los proyectos cumplen o no con las reglamentaciones vigentes.

Al cierre de esta edición ni el DRNA ni el presidente de la comisión cameral de Recursos Naturales Edgardo Feliciano habían contestado un pedido de entrevista.

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