Tanto el alcalde de Manatí, José Sánchez González, como el senador Ángel “Chayanne” Martínez defendieron los méritos de la pieza legislativa que creaba el denominado Corredor Costero en este municipio, aunque coincidieron en la necesidad de retirar el proyecto ante la oposición que había creado entre sectores defensores del ambiente.
Sánchez González sostuvo que fue el proyecto fue presentado por petición del propio municipio como mecanismo para acelerar el traspaso al ayuntamiento de terrenos que al momento se encuentran en manos de la empresa Mar Chiquita Development, propiedad de Israel Koppel, de forma que se facilite el acceso a la playa. Según el alcalde, al momento Koppel es dueño de un amplio espacio que comienza unos 80 pies tierra adentro en el área de la playa Mar Chiquita.
“Ha sido una finca de un dueño privado por más de 20 años y antes de ese dueño había otro, incluyendo todo lo que está frente a la playa Mar Chiquita. Desde el mar, unos 80 pies hacia atrás, donde está el estacionamiento, el grueso de movimiento de esa playa es privado. Nosotros entendimos que eso debe ser patrimonio del pueblo, y mientras esté en manos privadas no es patrimonio del pueblo. Quisimos a través del municipio comprar o expropiar la playa”, argumentó Sánchez González en entrevista con este medio.
El ejecutivo municipal y Martínez dijeron por separado que, hace dos cuatrienios, la Asamblea Legislativa consignó una asignación de cerca de $1 millón para el municipio de Manatí, que tenía el objetivo de que se comprara o se expropiara los terrenos propiedad de Koppel. Martínez, quien fue el autor de esa resolución conjunta, no pudo precisar ayer el número de dicha medida, que Metro tampoco pudo encontrar en una búsqueda en el portal de trámite legislativo.
Sin embargo, Sánchez González aseguró que el intento de compra de los terrenos por parte del municipio no se detendrá ante el retiro del Proyecto del Senado (PS) 1643, una movida que le solicitó al presidente de ese cuerpo y uno de los coautores, Thomas Rivera Schatz, ante el revuelo que levantó entre expertos ambientalistas y planificadores el descargue y aprobación, el pasado jueves, de la pieza legislativa.
“Escuché personas que saben levantando bandera en algunas cosas. De hecho, escuché mucha gente que sabe hablando de que el proyecto en su origen está bonito, hay una buena intención, pero que hay unas cosas que no nos convencen, le llamaron ‘píldora del veneno’. Y ahí yo dije ‘espérate, si hay duda en algunas partes’. Llamé inmediatamente al presidente del Senado, quien además es mi amigo, y me dijo ‘alcalde, si hay dudas en unas partes, vamos a retirar el proyecto y ver si en el futuro lo podemos trabajar en unas vistas públicas’, que no se pudieron dar porque estaba la pandemia. Le dije que lo mejor es hacer unas vistas públicas, que todo el mundo se exprese y vengan todos estos grupos que creo que hacen una función bien importante en el país”, sostuvo Sánchez González.
En entrevistas con Metro, la ejecutiva de Para la Naturaleza Soledad Gaztambide y el planificador Luis García Pelatti coincidieron en que la medida reducía las protecciones sobre la reserva natural en los terrenos contiguos a la playa Mar Chiquita, principalmente al reclasificar la zonificación de algunas partes de ‘conservación de recursos’ a ‘ruta escénica’ o ‘áreas de bosque’.
“Entiendo que (los reclamos) en parte son justificados y en parte están erróneos en que ellos entienden que los terrenos son del municipio (cuando) no son del municipio, sino de un ente privado. Lo que queríamos era comprar ese ente privado para que sea del disfrute de todos los manatieños y de todos los que van a la playa Mar Chiquita, una de las más bonitas que tiene Puerto Rico”, dijo por su parte Martínez.
Según el senador por el distrito de Arecibo, aunque el proyecto no fue a vistas públicas antes de ser aprobado tanto en el Senado como en la Cámara el 25 de junio, había sido trabajado con la Junta de Planificación y otras entidades como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
“Estaban todas las piezas necesarias para que este proyecto se diera”, planteó Martínez, quien dijo no conocer a Koppel o si el empresario estaba al tanto del proyecto, si bien mencionó que sabe que el municipio ha realizado gestiones para adquirir los terrenos.
Sánchez González, en tanto, señaló que ya ha tenido dos reuniones con Koppel en las que le ha manifestado la intención del municipio de adquirir esos terrenos, una compraventa que, a su entender, no debe resultar excesivamente costosa por las falta de valor comercial del espacio como consecuencia de las protecciones ambientales. No obstante, el alcalde no pudo precisar cuánto tiempo podría tomar la transacción con la empresa de Koppel.
“Si el dueño se ampara en que no quiere vender entonces el municipio tiene que entrar en lo que es expropiación y eso obviamente toma un poco más de tiempo. Ciertamente un proceso de expropiación puede terminar en un tribunal, pero el interés está. Nosotros preparamos cartas, hicimos todo para el proceso de compra o expropiación. Está ahí pendiente, hay un dinero asignado y lo queremos utilizar en eso y creo que nadie está en desacuerdo en que le podamos comprar a un ente privado unos terrenos que entendemos hay que proteger a perpetuidad”, dijo el alcalde, quien considera que el propio gobierno central, a través del DRNA, o entidades como el Fideicomiso de Conservación también pudieran formar parte de la transacción.
El PS 1643 encontró la oposición de todos los legisladores de minorías, con la excepción del senador popular Eduardo Bhatia, quien el sábado consignó que, tras conversar con expertos como García Pelatti y el abogado Pedro Saadé, había cambiado su postura sobre la medida, que reconoció como un “error”.
“En diálogo con ellos, me he convencido de que mi impresión inicial era equivocada y que este proyecto tiene una intención oculta que desmerece nuestro ambiente”, escribió en sus redes el también precandidato a la gobernación.
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