Desde aquel 20 de septiembre, los puertorriqueños hemos vivido lo que días antes era inimaginable: meses a oscuras por un sistema eléctrico colapsado, casi 3,000 muertos en los meses que duró la emergencia y la destitución de un gobernante por un pueblo renovado que rechaza los maltratos. Puerto Rico es, sin duda, otro, aunque sus retos son aún monumentales.

En unos días se conocerá el plan de ajuste de la deuda del gobierno, que acarreará cambios presupuestarios drásticos con impacto sobre la población. Quedan desafíos sociales enormes por superar hasta lograr un país más justo. Y está pendiente adoptar de forma integrada las acciones necesarias para mitigar y adaptarnos a los efectos más que evidentes del cambio climático.

En dos años, y pese al compromiso del gobierno de Estados Unidos de asignar millones de fondos, ni un solo proyecto de mejoras permanentes ha sido completado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Hay todavía miles de rótulos y decenas de semáforos por reemplazar. A diario, locales y turistas arriesgan su seguridad al transitar por más de un millar de tramos de carretera con derrumbes sin reparar.

Mientras, la Autoridad de Energía Eléctrica vaticina que tomará siete años para que el sistema energético alcance la robustez que requiere para servir de forma confiable y eficiente. Con tanta infraestructura pública destruida y alrededor de 30,000 viviendas techadas con lona, es evidente que aún falta un amplio trecho para que Puerto Rico esté mejor preparado para otro evento natural.

Emprender la reconstrucción es la acción más urgente para salir del estancamiento económico y encaminar la competitividad. Urge proactividad, diligencia y productividad para aprovechar los millones de fondos comprometidos por el gobierno federal. Corresponde al gobierno definir planes, presentarlos a tiempo y ejecutarlos, además de aunar esfuerzos con los sectores sociales y económicos que han demostrado su capacidad de resiliencia.

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