Washington – La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas de la isla afirmará hoy ante el Congreso que está dispuesta a asumir “responsabilidades adicionales” y advertirá que la falta de liquidez del gobierno de Puerto Rico, tras la devastación causada por el huracán María, puede extenderse hasta junio de 2019.

En medio de todo el debate en el Congreso en torno al efecto del escándalo Whitefish sobre el gobierno de Puerto Rico, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, indicó en la ponencia que sometió por escrito y leerá hoy ante el Comité de Recursos Naturales, que “si el Congreso determina” que se requieren nuevas aclaraciones sobre la autoridad que tienen, “para evitar litigios” e “incertidumbre”, “daríamos la bienvenida a eso”.

Jaresko puso como ejemplo la batalla legal a que se enfrentan con el gobierno de Ricardo Rosselló, por el nombramiento de Noel Zamot como principal funcionario de Transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Zamot, en términos reales, se convertiría en síndico de la AEE.

“Como el pueblo y el gobierno de Puerto Rico, el Congreso y la administración (de Donald Trump), sabemos que los huracanes han producido nuevas realidades con las que debemos lidiar con la mayor sabiduría y fidelidad posible”, indicó Jaresko, quien sostuvo que no sale de la junta el reclamo de tener nuevas responsabilidades y herramientas.

En un foro en el grupo de estudio American Enterprise Institute (AEI), el presidente de la Junta federal, José Carrión III, sostuvo ayer que “María viró todo al revés” y “cambió la realidad de Puerto Rico, pero no los propósitos principales de la ley PROMESA”.

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