La rica biodiversidad de Puerto Rico tiene que estar bajo la protección de una política pública ecológica que atienda los efectos del cambio climático y de otros graves desafíos, como lo es la contaminación por la alarmante concentración de microplásticos en el mar, los ríos y otros cuerpos de agua.

El daño de los microplásticos se registra a nivel planetario. En nuestro escenario isleño, la gravedad mayor la sufre la fauna marina que habita en los arrecifes de coral y en otras partes del litoral. Es tarea gubernamental, ciudadana y de los sectores privados atender este problema mediante el manejo responsable de los desperdicios sólidos.

Las pequeñas partículas que constituyen los microplásticos, generalmente inferiores a los cinco milímetros, afectan a millones de peces y otras criaturas marinas que consumen estas diminutas piezas sintéticas al confundirlas con alimento. La situación impacta de forma negativa la cadena alimenticia, esencial para la sobrevivencia de los seres vivos del planeta. La contaminación con microplásticos también afecta la economía y la salud de las poblaciones humanas.

La política pública ambiental para mitigar los efectos descritos debe incluir investigaciones científicas que analizan el problema y le buscan soluciones. De gran utilidad será la colaboración gubernamental con las universidades y entidades comprometidas con la conservación de los recursos naturales. El objetivo es encaminar respuestas eficientes a corto, mediano y largo plazo.

Las iniciativas para frenar la contaminación asociada al manejo inadecuado de desperdicios sólidos, como los plásticos, deben incluir un impulso significativo al reúso doméstico y empresarial de materiales, y a los programas de reciclaje. Puerto Rico no puede permanecer relegado en el cumplimiento de la ley ambiental federal que establece una tasa de 35% en reciclaje. Al presente, la isla no supera el 14% en ese renglón.

Corresponde al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) posibilitar que se completen los estudios técnicos que permitan encaminar respuestas eficaces en el manejo de los residuos sólidos, particularmente los plásticos.

Además, es deber del DRNA asegurar la administración sabia de los fondos federales para energía y agua limpias, que se espera sean desembolsados en correspondencia con el compromiso del presidente Joe Biden de promover la justicia ambiental.

El avance de una política ecológica con visión integral que conceda alta prioridad al manejo de los desperdicios sólidos dependerá, entre otros, de la enseñanza de ecología para promover desde la niñez el reúso y el desecho adecuado de plásticos, metales y vidrios, entre otros materiales. La educación debe ser extensiva a las poblaciones adultas, con apoyo de las empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro. El objetivo debe ser erradicar las conductas irresponsables que convierten playas, ríos y quebradas en vertederos clandestinos.

Puerto Rico ha sido líder en iniciativas de entidades y grupos de ciudadanos enfrascados en nobles esfuerzos de limpieza de nuestros cuerpos de agua. Estas jornadas han estado en manos de voluntarios con limitados recursos económicos. Su labor debe ampliarse con la colaboración gubernamental y empresarial.

Estudios reflejan que el 80% de la basura plástica en Puerto Rico llega a los ríos. El trabajo de los referidos grupos se traduce en el valioso recogido de toneladas de basura en ríos, lagos y playas. La frecuencia de esas jornadas podría aumentarse con apoyo mayor del gobierno y el sector privado.

Una política pública ambiental que atienda con firmeza el exceso y la acumulación de desperdicios sólidos, y el componente nefasto de la contaminación con microplásticos, debe mover a acciones precisas de prevención y mitigación. La hora llama a asegurar, en la práctica, el justo balance ecológico y una mejor calidad de vida para todas las especies de flora y fauna, incluida la humana.

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