A lo largo del proceso de reconstrucción del País tras el paso del Huracán María, distintos sectores han llamado al gobierno de que evalúe críticamente dónde y cómo construimos. Este discurso, en términos generales, apela al riesgo al que se exponen las personas que viven en áreas inundables o susceptibles a deslizamiento de terrenos. Algunos sectores apelan, además, al impacto de estas construcciones sobre el medioambiente.
Basta observar las estructuras destruidas en la costa de Rincón o la devastación en la Comunidad Juana Matos para entender las bases y la pertinencia de estos argumentos. Los impactos del cambio climático y de la erosión costera han aumentado los riesgos a los que se exponen los residentes de las comunidades en áreas costeras, inundables, o susceptibles a deslizamientos. Más aún, comunidades que antes no aparentaban ser inundables, ahora lo son. Por ende, es imperioso reevaluar nuestro ordenamiento para identificar y establecer mejores políticas y prácticas que eviten la propagación de construcciones en lugares ambientalmente sensibles o que puedan resultar inseguras para sus residentes. Asimismo, es necesario adoptar, en la medida de lo posible, medidas de mitigación para proteger las estructuras y comunidades existentes.
Sin embargo, esta discusión despierta alarma en muchas de nosotras. Estos argumentos no son nuevos, y en el pasado se han utilizado para justificar la desarticulación de comunidades empobrecidas, incluyendo aquellas que por décadas han existido en la zona costanera y en zonas inundables.1 Nuestra historia, remota y reciente, nos enseña que las medidas para proteger a la comunidad y su medioambiente no siempre están disponibles para las comunidades. Para las comunidades empobrecidas del País, desfavorecer la inversión en la zona costanera o inundable representa un riesgo real de desplazamiento.
A menos de dos semanas del paso del huracán María, el Gobernador de Puerto Rico, Dr. Ricardo Rosselló Nevárez, dejó claro su acercamiento a la situación de las comunidades ubicadas en zonas inundables. Entonces expresó el Gobernador:
“Hay que reconocer que hay unas zonas inundables en las que la gente no debe estar viviendo ahí, punto. Y debemos poner estas personas en otras áreas para protegerlos… Tenemos una oportunidad de ver todas estas comunidades aisladas y la fragilidad de las vías y hacernos las preguntas: ¿Deben estar ahí? ¿Hay alguna manera más fácil de reconstruir una conexión a estas comunidades?”
El Gobernador no detalló a qué comunidades estaba haciendo referencia. Sin embargo, era previsible que no se daría igual tratamiento a todas las comunidades en zonas inundables. En Ocean Park, por ejemplo, la respuesta del Estado parece estar dirigida a establecer medidas de mitigación de las frecuentes y serias inundaciones que sufre el sector. El pasado mes de abril, la Comisión de Desarrollo de la Ciudad Capital y Asuntos de la Juventud de la Cámara de Representantes celebró vistas públicas para discutir los sistemas relacionados a la mitigación de inundaciones de los sectores de Ocean Park. El Representante Eddie Charbonier exigió que se “contemple como prioridad y se pueda acceder a fondos discrecionales para renovar el sistema de control de inundaciones”. No se evaluó la reubicación de la comunidad.
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