El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) investiga posibles violaciones de ley y daños al ecosistema costero presuntamente ocasionados por proyectistas que operaban sin permisos en el área de Piñones, Loíza, confirmó el secretario Rafael Machargo.
Para la organización Amigos del MAR (Movimiento Ambientalista Revolucionario), lo ocurrido en Piñones fue un “desastre ecológico”. De hecho, fueron miembros de dicha entidad ambientalista los que lograron ayer, martes, “paralizar la destrucción de una zona virgen”, tal como lo relataron en su cuenta en Facebook.
“Paramos la maquinaria con los cuerpos, pues esperando por las autoridades hubiésemos perdido toda la zona. Se encontró grandes cantidades de dunas impactadas. Se removió gran cantidad de vegetación costera e, incluso, se encontró, al menos, una boa puertorriqueña aplastada por la maquinaria. Esta especie está protegida”, describió Amigos del MAR en la referida red social.
El Nuevo Día precisó, a través de una fuente, que el área impactada queda frente a la Planta Regional de Tratamiento de Aguas Sanitarias de Carolina, poco antes del puente sobre el río Grande de Loíza, en dirección al este.
Mediante una declaración escrita enviada a este diario, Machargo indicó que personal de la Unidad Marítima de Piñones del Cuerpo de Vigilantes del DRNA intervino el terreno y detectó “posibles violaciones” a la Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra (Ley 132).
Igualmente, los vigilantes alertaron sobre presuntas violaciones a la Ley de Bosques de Puerto Rico (Ley 133) y la Ley de Vida Silvestre (Ley 241).
“Cabe destacar que este proyecto no cuenta con permisos y/o endosos del DRNA, tampoco de la Oficina de Gerencia de Permisos, ni ninguna otra entidad gubernamental”, dijo Machargo.
“Personal técnico del DRNA está llevando a cabo evaluaciones para determinar los daños. Una vez terminen las evaluaciones, se estará tomando una determinación a base de los informes presentados y conforme a ley”, agregó el secretario, tras advertir que los responsables se exponen a multas de entre $25,000 y $50,000, “además de cualquier otra falla en la que puedan incurrir”.
Los terrenos impactados, según la fuente y Amigos del MAR, le pertenecen a Luis Alberto Rubí, exproponente del abortado proyecto turístico Dos Mares Resort.
En el área, se colocó un letrero con información sobre permisos, en el que se indica que el trámite es de “limpieza de finca y camino de acceso”, y se identifica como dueños a Vaciatalega Village, SE y Mark Greene Schotland. Este último también fue proponente de Dos Mares Resort.
De la declaración de Machargo se desprende que la información sobre los permisos no es correcta. La fuente de este diario indicó, por su parte, que lo que se muestra en el letrero corresponde a otro predio y otro trámite.
“Sin ningún permiso. Con maquinaria pesada, destruyeron todo un ecosistema, cuidándose de no ser vistos desde la carretera para lograr deforestar la zona… No dejaremos pasar este asunto. Los responsables tienen que pagar y reparar el daño”, puntualizó Amigos del MAR en su publicación, en la que también cuestionaron la supuesta inacción y silencio de la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, tras informársele sobre lo sucedido.
Por escrito, Nazario expresó que, “en estos momentos”, el Municipio de Loíza no ha recibido petición de endoso para ningún proyecto de desarrollo de viviendas.
“El municipio no es ente que da permisos, solo endosos. Nuestra política es endosar aquellos proyectos que cumplan con los reglamentos de las agencias reguladoras y, sobre todo, que los proyectos sean sustentables y en total armonía con el ambiente”, dijo la alcaldesa.
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