Tanto el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, como el titular del Departamento de Agricultura, Carlos Flores, advirtieron este martes sobre los efectos que tendría en ambas agencias el retiro incentivado de empleados públicos mediante la Ley 80, durante sus participaciones en las vistas públicas de transición de gobierno.

En el caso de Recursos Naturales, Machargo explicó que hay unos 474 empleados que cualificarían para el retiro incentivado, de un total de 1,096 trabajadores regulares. “Nos quedaríamos sin agencia y sin memoria histórica”, advirtió.

Por su parte, Flores indicó que unos 100 trabajadores de un total de 800, aproximadamente, cualificarían para un retiro incentivado, mientras se dificulta el reclutamiento de personal.

“Ahí está incluido personal que es de alta consideración para mover la agencia como los agrónomos. Si se nos van esos agrónomos, ¿con quién vamos a hacer el trabajo? En el caso nuestro es como quitarle médicos al Departamento de Salud o como quitarle policías al Negociado de la Policía”, manifestó.

El jefe de agencia urgió a la administración gubernamental entrante a revisar las tarifas de salarios de los empleados de dicha agencia. Mencionó, por ejemplo, que un Contador Pública Autorizado (CPA) cobra $1,600 mensuales, una tarifa baja en comparación con el mercado privado.

“El Departamento de Agricultura tiene un plan de clasificación y retribución de hace 20 años, se nos hace bien difícil reclutar contables, auditores, agrónomos, el personal está mal lago en las agencias, ese talento se va a buscar trabajo en otros lugares”, sostuvo el secretario, que depuso hoy en vistas públicas de transición en el edificio de la Sala Sinfónica Pablo Casals en Santurce. Otros jefes de agencia han hecho los mismos reclamos durante sus ponencias en las vistas, como el secretario de Hacienda, Francisco Parés, y el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Eduardo Rivera Juanatey.

Por diferencias con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y para evitar una anulación, el gobierno pospuso la implementación de la Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos (Ley 80 del 3 de agosto del 2020).

En una carta enviada el viernes a la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, informó que el gobierno no continuaría el proceso de implementación con la expectativa de que pueda llegarse a un entendido entre las partes.

Metas por cumplir

De otra parte, el secretario de Agricultura aseguró hoy que el nivel de consumo de productos agrícolas de Puerto Rico aumentó de un 15% a un 18%, en una medición antes del inicio de la pandemia de COVID-19 y sus efectos en la isla.

“Antes del COVID, las estadísticas decían que estábamos en un 18%, la meta es llegar a un 30% (en ocho años). Eso es duplicar la producción agrícola que tenemos en Puerto Rico, tenemos que crecer, los puertorriqueños no podemos sentirnos conforme”, afirmó durante su ponencia.

Flores reiteró la necesidad de aumentar esfuerzos en esa dirección, para reducir el nivel de importación de productos. “Excepto lo que es plátano, guineo y leche, en todos los renglones importamos a Puerto Rico, en distintas proporciones, […] de un 80 a un 90% lo estamos importando”, indicó.

Asimismo, el secretario de Recursos Naturales, indicó que la tasa de reciclaje en la isla se encuentra entre un 8% y 10%, una cifra lejos del 35% que estableció la Ley 70-1992 como meta para el 2006, hace 14 años.

“Entendemos que mientras no exista la infraestructura para encausar el reciclaje, que son las facilidades de recuperación de materiales y no se desarrollen los mercados, va a ser bien difícil alcanzar esa meta. El problema no es la comunidad, el problema es tener la capacidad (de infraestructura) para separar esos materiales y llevarlo al mercado”, explicó Machargo.

De igual modo, subrayó que una parte importante del problema es que aún no existe un plan para el manejo de los desperdicios sólidos en Puerto Rico, con metas y consistente en su implementación. “La situación es que administraciones pasadas adoptan el plan, viene la próxima administración (gubernamental) y lo retira”, dijo.

El alcalde Ramón Luis Rivera Cruz, presidente del Comité de Transición entrante del gobernador electo Pedro Pierluisi, reconoció el fracaso de la administración de la exsecretaria Tania Vázquez, que renunció a finales de octubre de 2019.

“No había planes de mantenimiento de facilidades, no se había trabajado en el plan de manejo de los vertederos en Puerto Rico, no se atendió de cerca la problemática de los neumáticos… pero eso quedó en el pasado”, dijo en respyesta a este medio. “Yo quiero mirar hacia el futuro”, afirmó.

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