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Reglamentos atinados para estimular el desarrollo

Las agencias con más reglamentación son los departamentos del Trabajo, de Hacienda y Agricultura, así como la Autoridad de los Puertos.

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La propuesta revisión de miles de reglamentos que emanan de leyes y normas que han dictado por décadas dinámicas de orden social y económico en Puerto Rico es una iniciativa atinada para abonar a la reconstrucción del país con procedimientos más ágiles.

Para impulsar esta encomienda, además de los funcionarios contemplados en la propuesta del ejecutivo, el equipo a cargo debe integrar peritos y abogados que examinen de forma ponderada los reglamentos vigentes para determinar la validez de dejarlos sin efecto o recomendar ajustes a tono con necesidades persistentes.

En el Departamento de Estado hay 8,994 reglamentos registrados. De ese total hay 4,416 que están activos y serán el objeto de la depuración ordenada por el gobernador Ricardo Rosselló. Tanto el primer ejecutivo como el secretario de la agencia, Luis Rivera Marín, recalcaron que los documentos serán examinados con miras a eliminar barreras burocráticas, expeditar la prestación de los servicios públicos y aumentar la competitividad de la isla. Justifican la medida al recalcar que la sobre regulación y la burocracia excesiva son escollos para viabilizar iniciativas profesionales y empresariales.

Son buenos los objetivos. Parten del reconocimiento de la lentitud y las complejidades que caracterizan los trámites gubernamentales y los convierten en un ejercicio insufrible, que además absorbe enormes sumas de tiempo y dinero para el ciudadano, el comerciante y el inversionista, entre tantos otros. Esta realidad es particularmente lesiva en cuanto a los permisos, señalado constantemente como un problema que limita la capacidad de hacer negocios en Puerto Rico y atraer capital nuevo.

Revertir estas dinámicas de décadas es una tarea monumental. Tiene que realizarse de forma organizada y con criterios claros que guíen la identificación de los reglamentos que se han vuelto obsoletos, generan redundancias en los procesos gubernamentales y duplican esfuerzos.

El uso dinámico y creciente de la tecnología para documentar, evaluar y aprobar actividades sujetas a la regulación del estado debe tomarse muy en cuenta a la hora de pasar revista sobre las regulaciones. Algunas deberán ser derogadas, otras fusionadas y otros actualizadas a tono con los mecanismos que no existían en la época en que fueron aprobados.

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