La política pública de la administración actual mantiene como prioridad la transferencia de servicios a las organizaciones sin fines de lucro y, aunque el gobierno ha reconocido públicamente la labor de estas entidades en la Isla, distintas voces del llamado tercer sector piensan que se puede hacer mucho más.

“Después del huracán los proyectos en el sector gubernamental tienen como prioridad delegárselos a las organizaciones sin fines de lucro, pero sin (darnos) un centavo”, expresó la presidenta de Crearte, Brenda Liz Santos.

Según el Estudio de las Organizaciones Sin Fines de Lucro en Puerto Rico 2015, una de cada cinco organizaciones sin fines de lucro mantiene algún contrato con el gobierno. Mientras que como fuentes de fondos con los que cuentan esas entidades, figuran principalmente los donativos de individuos, actividades benéficas y asignaciones legislativas.

Las aportaciones más pequeñas a ese sector provienen, en un 12.8%, de donativos de agencias y un 9% de asignación federal. Ese sector emplea, además, a más de 150,000 personas y cuenta con más de 300,000 voluntarios, de acuerdo al estudio.

Documenta también que por cada dólar que el gobierno transfiere a una organización sin fines de lucro que brinda servicios de salud, tendría que invertir $7 para proveer los mismos. Mientras que por cada dólar que transfiere a una entidad que brinda servicios de educación, tendría que invertir $20.

Dudas sobre la transferencia

La coordinadora del movimiento Una Sola Voz, Nirvana González, aseguró que tiene dudas sobre cómo el gobierno haría la transferencia de servicios a esas entidades, aunque reconoció que estas alianzas serían con aquellas organizaciones con abundante experiencia administrativa.

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