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Tirijala por el Caño Tiburones

El gobierno quiere paralizar el caso legal que lo obliga a expandir los límites de la reserva natural

Cano Tiburones

Amparándose en una cláusula de la ley Promesa, el gobierno intenta zafarse de una orden judicial que lo obliga a ampliar los límites de la Reserva Natural Caño Tiburones, entre Arecibo y Barceloneta, y garantizar la protección de todos sus terrenos, flora y fauna.

La Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) expusieron ante el Tribunal de Apelaciones que el caso en controversia está paralizado desde el 3 de mayo de 2017. Ese día, la Junta de Supervisión Fiscal presentó ante el Tribunal Federal una petición para iniciar un proceso de reestructuración de las deudas del gobierno de Puerto Rico.

Específicamente, señalaron que al caso le aplica el mecanismo de paralización automática (“automatic stay”) contenido en el Código Federal de Quiebras y, a su vez, en la ley Promesa. Dicho mecanismo protege a un deudor –en este caso, el gobierno de Puerto Rico– de los pleitos y acechos de sus acreedores.

Ningún funcionario de la Junta y el DRNA estuvo disponible para entrevista. Las portavoces de ambas agencias, Ivelisse Prado y Ana María Ramos, respectivamente, dijeron que no harían expresiones por tratarse de una demanda activa, y refirieron a El Nuevo Día al alegato sometido al Apelativo.

En ese documento, el gobierno plasmó que la paralización automática aplica a acciones que no involucren una reclamación monetaria. Ante eso, debe considerarse si la acción conlleva la ejecución de funciones gubernamentales y el desembolso de fondos públicos en su realización.

“Tal ampliación de la delimitación y designación de la Reserva Natural procurada por los demandantes, innegablemente acarrea mayores gastos en fondos públicos para costear los recursos para la preservación y mantenimiento del Caño Tiburones”, reza el alegato del gobierno.

Por lo tanto, la Junta y el DRNA solicitaron al Apelativo que decrete que el caso está paralizado. Pidieron, además, que deje sin efecto la sentencia del pasado 3 de agosto, del juez superior Anthony Cuevas, quien les ordenó extender de 3,805 a 7,000 cuerdas la delimitación del Caño Tiburones, con la debida ampliación de la designación como reserva natural. Ambas agencias reclamaron, incluso, que el caso sea referido al Tribunal de Primera Instancia de San Juan y que dicho foro ordene su archivo administrativo.

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