Más de 9,000 familias podrían ser desplazadas de sus comunidades ya sea por residir en zonas inundables o con riesgo de deslizamiento, haber perdido sus casas por el huracán María o por falta de titularidad, lo cual supondría uno de los mayores impactos geográficos y sociales por el que atravesaría Puerto Rico a un año de la devastación.

Los proyectos propuestos también implican desplazamientos por políticas municipales para eliminar arrabales o propiciar otro uso del territorio, constató EL VOCERO a través de información recopilada por la organización Ayuda Legal Puerto Rico.

Ayuda Legal configuró su base de datos a partir de las ponencias presentadas por 68 municipios durante las vistas públicas que celebró el Departamento de Vivienda de Puerto Rico previo a someter su Plan de Acción para el uso de los primeros $1,500 millones de fondos del Programa de Desarrollo Comunitario – Recuperación de Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés).

“Se llame desplazamiento o relocalización, la realidad es que sin notificación ni oportunidad de mitigación ni participación adecuada, son procesos forzosos que afectan a las comunidades y que afectan derechos fundamentales”, comentó la abogada Ariadna Godreau, directora de la entidad.

La infraestructura de vivienda se supone que tenga prioridad para el primer desembolso de fondos CDBG-DR. Esta cantidad representa, sin embargo, solo una ínfima parte del total de $20,000 millones que el Congreso le asignó a Puerto Rico bajo este programa. Los restantes $18,500 millones serían utilizados principalmente para invertir en infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones o proyectos de desarrollo económico para los municipios.

EL VOCERO constató que en las propuestas sometidas por los dirigentes municipales (aquellas que ofrecieron detalles) se contempla invertir más de $334 millones para rehabilitar y construir viviendas para los damnificados por el ciclón, lo cual impactaría a 12,400 familias. Se propone también el desembolso de $94 millones para gastos de cierre y pronto de hipoteca o alquiler de alrededor de 5,300 familias afectadas.

Sin embargo, hay otros $757 millones que se proponen ser utilizados para relocalizar a alrededor de 9,000 familias afectadas por el huracán o desplazar a quienes residen en zonas de riesgo de inundación o deslizamiento. Las familias serían ubicadas en proyectos nuevos (a ser desarrollados con los fondos federales) o en antiguos estorbos públicos o casas abandonadas que serían rehabilitadas.

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