El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, se enteró esta mañana en una vista pública de la Cámara de Representantes que la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) está evaluando lo que se conoce como una propuesta no solicitada de la empresa Hydro Cube para la modernización y operación de los activos de la generación hidroeléctrica en la isla.

Precisamente, Hernández Ortiz encabeza un consorcio de cinco municipios, en que también figuran Barranquitas, Orocovis, Morovis y Ciales, que crearían una entidad para operar una micro-red de 140 megavatios. El 10% de esa energía provendría de la hidroeléctica Toro Negro I, que se nutre de Lago Guineo, en Villalba.

El resto de la energía generada provendría de otras fuentes: gas y energía solar.

“Advenimos conocimiento ahora, pero no tenemos problema. Sabemos que los municipios tienen prioridad en este gobierno”, dijo Hernández Ortiz a preguntas del representante novoprogresista Víctor Parés Otero, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones y Alianzas Públicas, Privadas y de Energía.

Aunque el rol de Hydro Cube como empresa interesada en las hidroeléctricas se viene reseñando desde finales del año pasado, tan reciente como el viernes Omar Marrero, director ejecutivo de la AAPP, la incluyó como empresa interesada en el manejo de estas represas. Indicó que el proyecto se encuentra en una fase de “evaluación y formulación” donde se investiga la viabilidad del proyecto.

En un aparte con El Nuevo Día, Hernández Ortiz recordó que todavía está bajo consideración del Senado el proyecto del Senado 477, con que se busca ordenar y viabilizar la compraventa y traspaso de la planta hidroeléctrica Toro Negro I y sus terrenos al municipio de Villalba. La medida la atiende la Comisión de Gobierno, pero Hernández Ortiz reconoció que hasta que no se legisle el marco regulatorio de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), no hay mucho que se pueda hacer.

Hernández Ortiz minimizó el rol de empresa Hydro Cube al insistir en que la ley que creó la AAPP le da “prioridad” a los municipios que interesen hacerse cargo de instalaciones o servicios gubernamentales.

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