No hay mucha controversia en torno a que enfrentamos una situación de salud pública derivada de la problemática asociada a la disposición final de los desperdicios sólidos en la Isla.

De acuerdo con múltiples estudios disponibles, cada persona en Puerto Rico genera 5.19 libras de desperdicios sólidos todos los días, lo que representa una de las tasas más altas en el mundo. Esto representa 8,290 toneladas de basura diariamente; una cifra impresionante.

Este problema comienza con la falta de planificación en el desarrollo de los Sistemas de Relleno Sanitario (SRS), mejor conocidos como vertederos, durante la década de 1950. Esto provocó que muchas de estas instalaciones fueran localizadas en áreas cercanas a cuerpos de agua sin tener los mecanismos para minimizar su impacto ambiental. Es por esta razón que en 1994 la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) cerró 34 de los 62 vertederos de la Isla.

Lamentablemente, esto fue una solución temporal. Para finales de 2006 la EPA anunció que debido a la falta de cumplimiento con regulaciones federales, cinco vertederos adicionales, ubicados en el área norte, deberían cerrar operaciones para principios de 2010.

Estas acciones, y la falta de un robusto sistema de reciclaje, colocaron la red de vertederos en jaque para inicios de la segunda década del siglo XXI.

De las 8,290 toneladas diarias de basura que se entierran en Puerto Rico, el 35% lo componen el material vegetal y orgánico como el papel y cartón, plástico y el vidrio, entre otros. Si reciclamos y compostáramos la mitad de ese porcentaje, además de aumentar significativamente la vida de los vertederos, se generarían miles de nuevos empleos en el proceso de acopio y clasificación de materiales. Esto sin contar los empleos adicionales si manufacturamos productos utilizando el material reciclado.

Regresando al asunto de los SRS, extender la vida útil de los mismos debe ser nuestra prioridad. Todavía no contamos con la infraestructura para mitigar el cierre continuo de estas facilidades sin que se afecte el manejo de los desperdicios.

De los 29 vertederos, incluyendo aquellos en las islas municipio de Vieques y Culebra, que en estos momentos operan en Puerto Rico, 11 de ellos, incluyendo el de Toa Alta, se consideran en cumplimiento con la reglamentación ambiental estatal y federal. De las restantes instalaciones (18) que no están en cumplimiento ambiental, 11 de estos ya tienen orden de cierre por parte de la EPA.

El cierre de los vertederos sin alternativas de asistencia, particularmente en la zona norte -donde reside el grueso de nuestra población- trae una serie de complicaciones que podrían aumentar el costo del manejo de estos desperdicios, incluyendo la logística y el proceso de transportación de estos hacia instalaciones en el área sur y este de Puerto Rico.

Además del costo, este cambio operacional complicaría el tráfico y mantenimiento de los puentes y carreteras en Puerto Rico; sin decir nada de los riesgos de accidentes relacionados con este tipo de actividad de acarreo.

No existen soluciones mágicas, sino decisiones difíciles que llegará el momento en que serán tomadas por la EPA, sin contar con el impacto que tendrán las mismas en la economía local y la salud del pueblo.

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